Luego de que el Senado diera una primera aprobación a un proyecto de Código Penal que mantiene la prohibición total a la interrupción del embarazo a finales de junio, decenas de personas se lanzaron a las calles el miércoles para exigir que se garanticen los derechos de las mujeres, de la niñez y de la comunidad LGBTQ, que —según diversas organizaciones de derechos humanos— se vulnerarían con los posibles cambios al documento.
“Nosotras seguimos en pie de lucha», dijo antes de la protesta la reconocida activista dominicana Sergia Galván.
Galván y otras feministas llevan décadas exigiendo que el aborto se despenalice bajo tres causales: cuando esté en riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo sea producto de violación o incesto y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.
República Dominicana es uno de los cuatro países latinoamericanos que criminalizan el aborto sin excepción. El Código Penal actual establece que cualquier persona que aborte enfrenta hasta dos años de cárcel. Para médicos, parteras o enfermeras, la pena va de cinco a 20 años de prisión.
El presidente dominicano, Luis Abinader, quien se reeligió en mayo pasado, se dijo dispuesto a respaldar la despenalización en sus dos campañas presidenciales, pero tras ganar ambas elecciones no volvió a mostrar su apoyo.
“Las organizaciones de mujeres estuvimos en reunión con él y dijo estar de acuerdo con las tres causales y que iba a trabajar para que en su partido hubiera una postura a favor», dijo Galván. “Realmente fue un engaño a la ciudadanía, a las mujeres y al pueblo”.
Tanto Galván como miembros de otros organismos locales e internacionales han denunciado que la prohibición absoluta del aborto tiene diversas ramificaciones. Alrededor de un 30% de las adolescentes carece de acceso a métodos anticonceptivos, no existe la educación sexual integral laica, siete de cada 10 mujeres sufre violencia de género —como incesto, matrimonio infantil y explotación sexual— y los niveles de pobreza incrementan los riesgos de enfrentar un embarazo no deseado.
“Queremos un Código que respete a las mujeres y a las niñas, que les permita decidir, que respete el oficio y el criterio de los médicos para decidir en caso de hacer un aborto, pero también queremos un Código que sancione la impunidad, esa corrupción burda que nos ha robado el futuro a muchos jóvenes”, dijo desde la protesta Nicole Pichardo, dirigente de un partido político minoritario.
Más allá de la despenalización, organismos como Human Rights Watch alertaron que el proyecto de Código Penal reduce las penas por violencia sexual dentro del matrimonio y excluye la orientación sexual de la lista de características protegidas contra la discriminación, lo que traería más vulneración a la comunidad LGBTQ.
“Estamos aquí, frente a la Presidencia de la República Dominicana, porque el Código Penal que aprobaron los senadores y está próximo a aprobarse por los diputados, no nos representa”, añadió desde la manifestación del miércoles Rosalba Díaz, miembro de la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (Colesdom). “¿Qué significa eso? Que ahora las personas que vivimos con diferentes orientaciones sexuales, identidades de género, vamos a estar en riesgo de que constantemente nos discriminen”.
A la lista de preocupaciones de ciudadanos y activistas se suman otras cuestiones. El artículo 14, por ejemplo, exime de responsabilidad penal a las iglesias, lo que según activistas como Galván dejaría impunes crímenes de pedofilia, lavado de activos o encubrimiento entre los líderes de fe.
En la isla caribeña, la religión es fundamental. Es el único país del mundo con una Biblia en su bandera y el lema del Estado es “Dios, Patria y Libertad”.
Según activistas del sector conservador y que se oponen a la despenalización, su relación con algunos legisladores es cercana y miembros de organizaciones como 40 Días por la Vida dicen orar para que los congresistas mantengan los candados que impiden abortar o brindar educación sexual integral.
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AP Foto: Ricardo Hernandez
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Son las ocho de la noche de un domingo y Crystal P. Lira no atiende los mensajes. Su atención está puesta en la mujer que acudió a su organización pidiendo un espacio seguro para abortar.
Crystal le ofreció las oficinas de su Colectiva Bloodys y Projects en Tijuana, donde un muro traza el límite entre este país de tránsito migrante y Estados Unidos.
Sería fácil pensar que el trabajo de las activistas que apoyan el derecho a decidir consiste en entregar pastillas abortivas, pero ellas no son doctoras ni farmacias, sino acompañantes. ¿Y eso qué significa?
“Se habla mucho de poner el cuerpo”, dice Crystal. Brindar presencia física o virtual, dedicar su tiempo sin cobrar sueldo alguno y poner las fortalezas propias a disposición de otras mujeres.
Las acompañantes trabajan más o menos así: vía redes sociales o WhatsApp, reciben las solicitudes de mujeres que quieren abortar. Los motivos varían. Falta de información sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo en casa, escasez de recursos, estigmatización en clínicas, temor, soledad. Y ahí el acompañamiento. Cuéntame, te escucho, hagamos tu protocolo de salud, dime a dónde te llevo las pastillas, avísame a qué hora llegas para abortar aquí.
Una resolución de la Suprema Corte de Justicia allanó en septiembre el camino a la despenalización en México, pero el aborto no se volvió accesible de un día para otro. Aunque la decisión implica que el Congreso deberá derogar las normas que lo criminalizan en el Código Penal Federal, no modifica las legislaciones estatales ni elimina el estigma social.
En 11 de 32 entidades donde ya es legal, activistas suelen denunciar que la ley no alcanza para remediar la falta de insumos, capacitación en clínicas ni el hostigamiento a las solicitantes. Por eso el trabajo sigue. Al igual que otras organizaciones, Bloodys traza una hoja de ruta y Crystal apunta a despertar un empoderamiento que trascienda fronteras.
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El acompañamiento que ofrece Bloodys implica corresponsabilidad, dice Crystal. “Hacemos lo posible dentro de nuestro contexto social, legal, cultural y económico, pero también hacemos énfasis en que las mujeres se apropien de la información”.
Su oficina posee un banco de medicamentos y kits con toallas sanitarias, tés e ibuprofeno, pero lo más valioso son los panfletos que reparten en actos públicos y sintetizan lo que hay que saber antes de abortar.
En 2012, cuatro años antes de que fundara Bloodys, Crystal enfrentó un embarazo no deseado. “No sabía qué hacer, dónde buscar ni qué pensar”, recuerda. “Como varias compañeras, me dije ‘esto no me va a pasar’ y cuando me pasó no lo podía creer”.
Por recomendación de una amiga y su cercanía con la frontera, Crystal acudió a una clínica de Planned Parenthood en San Diego y regresó a Tijuana con un frasco de pastillas que jamás había visto y una deuda de 600 dólares que le permitió costear su aborto.
Con el tiempo se volvió consciente de cuántas mujeres pasan el mismo trago amargo. “Me causaba conflicto y preocupación que unas pudiéramos acceder y otras no”.
En 2015, tras ver un documental sobre aborto promovido por Las Libres –red pionera del acompañamiento en México– Crystal buscó a su fundadora, Verónica Cruz, y en 2016 recibió capacitación junto a otras acompañantes en la cocina de su casa.
“Para tomar conciencia y formar una red de aborto me tuve que cuestionar por qué llegué hasta aquí, por qué lo viví así y cómo lo pude haber vivido distinto”, dice. “Todas las mujeres, así como tenemos derecho a un aborto seguro, tenemos derecho a cuestionarnos cómo puede ser distinto para otras”.
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Lo más fácil de aprender fue el protocolo, dice Crystal. Toma tal pastilla, espera tantas horas, ingiere otra. No olvides esto y aquello. Cuídate así y así.
“Lo más difícil fue el piso político, la perspectiva de abortar desde el derecho y la libertad. No quedarnos calladas, no aportar a la clandestinidad”.
Un país con 32 estados implica que las acompañantes actúan de 32 maneras particulares. Hay lineamientos generales, claro, pero las activistas capitalinas tienen retos distintos al de las oaxaqueñas o chiapanecas, donde las comunidades indígenas abundan, y éstas se diferencian de las guerrerenses o las tamaulipecas, donde el crimen organizado oprime.
¿Qué vuelve único a Tijuana? La frontera. Se calcula que este año habrá más de 500.000 personas movilizadas desde Colombia a través de la selva del Darién para cruzar América Central y México hasta alcanzar este punto que conecta con Estados Unidos.
Venezolanos, salvadoreños, haitianos y mexicanos –que se desplazan por la violencia derivada del narcotráfico– son algunos nacionales que migran en trenes, autobuses y a pie. Miles son víctimas de robo, trata de personas y abuso sexual.
“Estamos viendo a mujeres que sufren muchas violencias en su recorrido para Estados Unidos”, dice Crystal. “Es algo que en otros estados no se ve”.
Algunas migrantes que desean interrumpir su embarazo las contactan directamente y otras son canalizadas a través de albergues o parteras. “Gracias a esa comunicación nos hemos dado cuenta de la necesidad de apoyo hacia esas mujeres porque hay veces que no cruzan solo una frontera, sino varias, y en ese cruce se viven violencias, sobre todo sexuales, y tienen que vivir abortos”, explica Minerva, otra integrante de Bloodys que pidió reservar su apellido por motivos de seguridad.
Es difícil que una migrante acceda a información, medicamentos y un espacio seguro para abortar, dice Crystal. “Están en albergues, en campamentos o casas donde viven con muchas otras personas. Entonces, al no ser el contexto ideal para hacerlo, nos toca acompañarlas aquí”.
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No todos los mexicanos celebran el posicionamiento de la Corte y quienes rechazan el aborto también han tomado acciones.
Tras la resolución, el actor Eduardo Verástegui se registró como aspirante presidencial para los comicios de 2024 y su campaña repite “sí a la vida, no al aborto”. Sin mencionarlo por nombre, el cardenal Carlos Aguiar Retes llamó a votar por él y cuenta con el respaldo de ciudadanos católicos y otros grupos que han presentado firmas ante congresos locales rechazando la despenalización.
“Lo que está haciendo la Corte es activismo judicial”, dice Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. “Utilizar las instancias judiciales para decir ideología”.
En reacción a la resolución, organizaciones afines al Frente encabezaron una protesta en días recientes. “Estamos marchando a favor de la mujer y de la vida porque es una relación consustancial”, agrega.
A todo movimiento progresista sigue un revés de grupos que se organizan en contra, dice Sofia Aguiar, abogada en GIRE, organización que presentó el amparo y motivó la respuesta de la Corte. “Lo vimos en Estados Unidos (con el retroceso de Roe vs Wade) y en movimientos progresistas en Europa y América Latina”.
Por eso GIRE y otras organizaciones se dicen listas para defender lo ganado y ampliar su alcance en salud reproductiva. No sólo pelear por el aborto, sino para combatir la violencia obstétrica, la muerte materna y la anticoncepción forzada.
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Mientras las leyes avanzan, Crystal y otras activistas de Tijuana se han aliado para promover una idea: “conoce tu cuerpo y decide qué quieres para él”.
Con ello esperan difundir qué opciones hay para quienes pueden abortar en entornos legales –clínicas privadas, hospitales públicos, espacios de acompañamiento o el hogar propio— y los alcances de la autonomía: decidir quién te va a acompañar, cuánto quieres invertir y quién lo va a saber.
“Ni las mismas acompañantes nos tendríamos que enterar”, dice Crystal. “Hemos recibido mensajes de mujeres que nos dicen ‘lo hice con su información, muchas gracias, sigan así’”.
La próxima apuesta de Bloodys es migrar sus estrategias a Estados Unidos en complicidad con una compañera que se mudó a San Diego. El plan incluye replicar protestas, facilitar el medicamento –que allá requiere receta– y comunicar que abortar en casa es posible y seguro.
Otro plan a corto plazo es apoyar a la mujer desde diversas posiciones. En colaboración con el Frente Nacional contra Deudores Alimentarios de Baja California acompañan a madres que reclaman manutención a padres que no se responsabilizan de sus hijos y con Espacio Mujer Lunar ofrecerán talleres sobre salud menstrual en albergues para migrantes.
“Hablar de aborto es importante, pero una forma de que las mujeres se apropien de sus decisiones, su vida y sus cuerpos es apropiarse de esos otros procesos”, dice Crystal.
Su aliada será Mónica Rosas, fundadora del colectivo que difunde cómo el ciclo menstrual es un signo vital de salud y reconocimiento de fertilidad. “Creamos un espacio de acompañamiento sobre el autoconocimiento en tribu”, cuenta Mónica.
Su primer acercamiento a migrantes —con las que abordó cómo la violencia, el estrés, la alimentación y la falta de descanso afectan el cuerpo– ocurrió a finales de septiembre por invitación de ACNUR. El segundo será a mediados de octubre en compañía de Bloodys y, por paradójico que parezca, se realizará en un albergue con afiliación religiosa que atiende a unas 1.700 personas.
El programa incluye la alfabetización corporal –-nombrar la anatomía del cuerpo libre de tabúes–, describir las fases del ciclo menstrual, una danza y cantos que aborden otras perspectivas sobre el ser mujer.
“Nos encantaría que estas mujeres que están de paso, esperando una oportunidad para cruzar, ser llevaran esta información”, dice Crystal. “Que nuestras cuerpas (sí, en femenino) son poderosas y si las conocemos nos pueden ayudar a llegar a nuestra propia identidad, a darnos nuestro propio valor”.
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AP Foto: Karen Castañeda
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