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Si una mujer gana la presidencia de México, ¿qué implicaría para el aborto y los derechos LGBTQ?

Originalmente publicado en The Associated Press, abril de 2024 (link aquí)

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) – Si una mujer gana la presidencia de México, ¿habría un gobierno con perspectiva de género?

La pregunta ha acompañado las campañas electorales a pocos meses de unos comicios que casi con certeza arrojarán a una presidenta para el periodo 2024-2030.

De los tres candidatos la puntera es Claudia Sheinbaum, que ha prometido continuar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le sigue Xóchitl Gálvez, representante de varios partidos opositores, uno de ellos conservador.

El triunfo de una u otra, sin embargo, no garantizaría un avance en políticas de género. En este país mayoritariamente católico ninguna de las dos candidatas ha compartido propuestas concretas sobre aborto, aunque sí han planteado medidas de protección a la mujer en un país que anualmente registra decenas de feminicidios.

¿Cuáles son algunos de los desafíos que el siguiente gobierno enfrentará con respecto a la agenda feminista y los derechos de la comunidad LGBTQ?

¿CUÁL ES PANORAMA ACTUAL DEL ABORTO?

México es una república federal, lo que implica que cada estado tiene sus propios códigos penales para regular sus delitos.

El aborto se ha despenalizado en 11 de 32 estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes. Además, un fallo de la Suprema Corte prohíbe que se criminalice a quienes aborten en Coahuila y, tras el reciente fallo de otro tribunal, a esta lista pronto se sumará Jalisco. 

Otros estados contemplan algunas causales y se permite en todo el territorio si el embarazo es producto de una violación.

Una resolución de la Corte allanó el camino a la despenalización a nivel federal en 2023, pero ordenar que se deroguen las normas que criminalizan el aborto en el Código Penal Federal no modifica las legislaciones estatales ni elimina el estigma social.

En estados donde ya es legal hay activistas que denuncian falta de insumos y capacitación en clínicas, así como hostigamiento a las solicitantes.

Para encarar esa problemática y facilitar el acceso donde aún no se permite, una red de voluntarias llamadas “acompañantes” acercan información, medicamentos o contactos a quien desee interrumpir su embarazo.

¿EL ABORTO EN MÉXICO PODRÍA RETROCEDER COMO EN ESTADOS UNIDOS?

Gane quien gane, el Ejecutivo no afectaría directamente su avance o retroceso porque cada estado tiene autonomía sobre su código penal.

Sin embargo, dice Ninde Molina, abogada en Abortistas MX, organización especializada en estrategias de litigio sobre aborto, quien llegue al poder sí podría incidir como una suerte de autoridad moral.

“El peso del presidente es que es el representante del pueblo mexicano y se esperaría que se manifieste expresamente a favor de los derechos humanos”, dice. “En el contexto en el que estamos es muy peligroso que haya propuestas tan tibias porque el mensaje que manda es que entonces estos no son derechos fundamentales”.

Y si bien de momento no preocupa pensar en un retroceso, el escenario cambiaría si López Obrador o Sheinbaum lograran alterar la composición del Poder Judicial. 

Tras varias tensiones entre jueces, magistrados y el presidente, éste envió al Congreso una reforma para reemplazar a los actuales integrantes de la judicatura federal por otros elegidos por el voto popular, lo que preocupa a varios analistas, entre ellos, Molina.

“La Corte también está en peligro”, dice. “A la gente le podrá parecer atractivo, pero no se dan cuenta de lo que implica”.

“Por ejemplo, podría llegar un caso de aborto y que lo que está ya escrito se vaya para atrás”.

¿QUÉ PIENSA EL SECTOR CONSERVADOR?

Isaac Alonso, del Movimiento Viva México, que respaldó las aspiraciones presidenciales de Eduardo Verástegui, piensa que ninguna de las candidatas representa la visión o intereses conservadores. 

Desde sus filas también se percibe falta de contundencia sobre el tema y Alonso explica que para los conservadores la consigna no ha cambiado: aunque dicen no estar a favor de que se criminalice a las mujeres, el aborto es injustificable, por lo que esperarían políticas gubernamentales que alienten los nacimientos, por ejemplo, a través de mejoras en el sistema de adopciones.

“Creemos en impulsar políticas públicas con perspectiva de familia y que exista un ecosistema para que un bebé pueda vivir en condiciones de seguridad favorables”.

Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, tampoco ve un panorama alentador. “Antes de 2018 sólo se había aprobado el aborto en Ciudad de México”, recuerda.

“Es muy relevante decir cómo la Suprema Corte, en la presidencia de Arturo Saldívar, tuvo un sesgo ideológico”, dice sobre el juez que ahora forma parte del equipo cercano a Sheinbaum y también mantiene rencillas con la judicatura actual. 

Según Cortés, los conservadores no ven en el gobierno un aliado para proteger la vida, también entendida desde la falta de combate a la violencia y, llegue quien llegue al gobierno, continuarán pidiendo acercamientos “para cuidar el primero y fundamental de los derechos”.

¿UNA PRESIDENTA CON PERSPECTIVA FEMINISTA?

“Que gane una mujer no garantiza para nada la perspectiva de género”, dice Pauline Capdevielle, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “De hecho, lo que estamos viendo cada vez más son estrategias de los sectores conservadores para que haya una fachada de feminismo que se opone a la tradición feminista”.

Un cambio verdadero, indica, arrancaría integrando verdaderas feministas al gobierno. “No es meter mujeres donde no había, sino politizar estos temas y realmente impulsar una transformación”.

Algunas feministas han mostrado su respaldo a Sheinbaum, pero tanto ella como López Obrador han recibido críticas por su falta de empatía ante las manifestantes que protestan contra la violencia de género. Aunado a esto, organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado uso excesivo de la fuerza contra mujeres en las marchas del 8 de marzo y consideran que su derecho a protestar se estigmatiza.

Para Capdevielle, entre los temas que falta afianzar en la agenda de género de México destacan la participación de las mujeres en los procesos políticos y la justicia reproductiva.

“Consolidar el derecho al aborto, que está lejos de ser una realidad para todas las mujeres” y garantizar educación sexual integral, acceso a anticonceptivos, el derecho a la identidad autopercibida y los derechos de las personas LGBTQ.

¿CUÁL ES EL PANORAMA PARA LA COMUNIDAD LGBTQ?

“No es probable que las necesidades de esta población figuren prominentemente en las elecciones presidenciales”, dice Cristian González Cabrera, investigador senior de Human Rights Watch.

“Esta desconsideración ignora la realidad de muchas personas LGBT en México, que siguen viviendo en contextos de violencia y discriminación”.

En México la comunidad LGBTQ ha sido blanco de violencia desde hace tiempo. La organización civil Letra S documentó más de 500 homicidios en los últimos seis años, 58 de ellos en 2023, y 2024 arrancó con el asesinato de tres miembros de la comunidad trans, grupo que, junto con los migrantes, son particularmente vulnerables, considera González Cabrera.

“Los migrantes LGBT siguen sufriendo abusos de parte de grupos delictivos y funcionarios mexicanos debido a su doble vulnerabilidad”, explica. “Con demasiada frecuencia, estas violaciones de los derechos humanos no se investigan de forma efectiva ni se castigan”.

Sheinbaum defendió en 2023 que como alcaldesa capitalina creó una Unidad de Salud Integral para las Personas Trans y dijo que su sueño sería seguir luchando en favor de las personas de la diversidad sexual, pero no precisó más.

Por su parte, Gálvez escribió que en su gobierno las mujeres de la diversidad sexual vivirían con respeto a su orientación e identidad, mas tampoco ahondó en propuestas concretas, lo que sigue despertando suspicacia entre miembros de la comunidad LGBTQ conscientes de que uno de los partidos que la respalda es históricamente conservador.

González Cabrera destaca que desde 2022 todos los estados reconocen el matrimonio igualitario, pero hay derechos que aún no se garantizan en algunas entidades. “Por ejemplo, hay 11 estados en donde el reconocimiento legal de la identidad de género para personas trans no es posible por vía administrativa, a pesar de sentencias de la Suprema Corte reconociendo este derecho”.

Para que haya una agenda a favor de la población LGBTQ, añade, un gobierno debería consultar a sus representantes sobre sus necesidades, destinar recursos para abordar la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género, apoyar a migrantes LGBTQ y animar a los gobiernos estatales a armonizar su legislación con las sentencias de la Corte a favor de sus derechos.

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AP Foto: Rebecca Blackwell

La cobertura de noticias religiosas de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.

¿Se puede abrazar la fe católica y defender el derecho al aborto? Activistas en México dicen que sí

Originalmente publicado en The Associated Press, diciembre de 2023 (link aquí)

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) – Lo que hay es una mesa, una Virgen y un pañuelo. “María fue consultada para ser madre de Dios”, dicen letras blancas sobre la tela verde.

Las activistas de Católicas Por el Derecho a Decidir no piensan que la Biblia se contradiga con los ensayos feministas. Se puede rezar por la mañana y defender el acceso al aborto por las tardes; celebrar a la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre y abrazar las causas de la comunidad LGBTQ+.

“Podríamos pensar que no se puede ser feminista y católica, pero aquí reivindicamos que ser mujeres de fe no es estar en contra de la progresividad, de los derechos humanos, de las personas con capacidad de gestar y de la diversidad sexual”, dice Cinthya Ramírez, quien forma parte de la organización.

La consigna del grupo ha sido clara desde sus inicios. Cuando se fundó en 1994, siguiendo los pasos de Catholic for a Free Choice en Estados Unidos, un grupo de teólogas y activistas empezó a denunciar la invisibilización de la mujer en entornos religiosos, a diferenciar las posturas de la jerarquía eclesiástica de las opiniones de la feligresía y a reinterpretar los textos sagrados con una mirada feminista.

“En la tradición católica hay argumentos como la libertad de conciencia y el derecho a decidir que nos dan opciones a las personas católicas, que practicamos nuestra fe, para tomar decisiones en libertad y decidir nuestro proyecto de vida”, dice Maribel Luna, otra integrante de Católicas.

Afirmar que la Virgen María decidió sobre su maternidad en vez de cumplir ciegamente el encargo de un arcángel es poco usual en un país que, con frecuencia, ve a sus sectores conservadores vestir de celeste para exigir dar marcha atrás a la despenalización del aborto.

Aquí no extraña que un arzobispo invite a los fieles a respaldar a un aspirante presidencial que rechaza el matrimonio igualitario ni que algunos grupos religiosos recen fuera de las clínicas de interrupción legal del embarazo. “Abortar es un crimen”, piensan muchos, y es un mensaje que permea entre algunas mujeres que reciben el cobijo de Católicas por el Derecho a Decidir.

Conscientes de que la decisión de abortar es compleja en esta nación mayoritariamente católica, la organización cuenta con un grupo de acompañamiento espiritual. El equipo se integra por teólogas y líderes de distintas religiones —como una pastora presbiteriana y un pastor luterano— que escuchan y confortan a mujeres que encuentran dificultades para conciliar su fe con la interrupción de un embarazo.

“Se fue formando una guía con base en el fundamento bíblico o teológico pero en un sentido de libertad”, explica la pastora bautista Rebeca Montemayor.

La mayoría de las mujeres entra en contacto vía telefónica o redes sociales y su situación es diversa. Algunas se comunican poco después de un aborto. Otras llaman porque se sienten indecisas ante la decisión y algunas más, tras décadas de haber abortado.

“Me han tocado mujeres con 30 años de estarlo cargando”, cuenta el fraile dominico Julián Cruzalta, quien forma parte del grupo y refiere que la jerarquía eclesiástica no ve con buenos ojos el trabajo de Católicas. 

“Nunca se han sentido libres porque se han sentido culpables desde el día que lo hicieron”, añade. “Es muy difícil quitar esa culpa de años, ver sus ojos de angustia y las pesadillas que tienen”.

El grupo no comparte la identidad de las mujeres o los detalles de sus situaciones por cuestiones éticas y de confidencialidad, pero sí discute las circunstancias generales para actualizar sus estrategias de acompañamiento y monitorear el contexto social.

La mayoría se siente abrumada por la culpa y la duda. ¿Cometí un asesinato? ¿Me iré al infierno? Otras piensan que no sólo ellas, sino sus familias, se condenarán. Algunas más sufren por las reprimendas de sacerdotes o pastores en los que confiaron y sólo empeoraron su remordimiento.

“Toma muchas sesiones de trabajo que se perdonen a sí mismas, que se comprendan”, dice el fraile. 

El acompañamiento del grupo implica más que charlas. Si una persona requiere atención psicológica, es derivada con un especialista. Si su inquietud es espiritual, las herramientas van desde la revisión de folletos electrónicos sobre la culpa hasta la lectura de textos bíblicos, meditaciones y rituales de sanación. 

“Yo les pido que escriban en un cuaderno quiénes eran. No quiénes son ahora, sino quiénes eran cuando tomaron la decisión. ¿Cuál era su situación? Porque siempre hacemos el juicio desde hoy, pero ayuda mucho regresar para que se reconcilien, para entender que hicieron lo mejor en ese momento”, explica Cruzalta.

Contextualizar la decisión de abortar también amplía la perspectiva política y social porque, según los teólogos y activistas de Católicas, la Biblia no tendría por qué penalizar lo que no se considera un delito ante la ley. 

“Ya hay leyes que se encargan de que no se pueda criminalizar a ninguna mujer”, añade la pastora Montemayor. “Entonces es importante que las comunidades religiosas hablemos de esto”.

Fuera del grupo de acompañamiento, la organización dialoga con jóvenes en ferias de sexualidad, capacita a personal médico —que con frecuencia alega objeción de conciencia para no practicar abortos— y produce “Catolicadas”, una serie animada que aborda temáticas que entrelazan lo religioso y social. 

Según Cinthya Ramírez, varias personas han compartido con la organización cómo ha cambiado su vida tras hallar nuevos modos de relacionarse con su fe. 

Cuenta que un joven de la comunidad LGBTQ+ dijo que releer la Biblia bajo una nueva mirada le permitió reivindicar su identidad sin sentir que se condenaría. En otra ocasión, una mujer que abortó agradeció al grupo que, tras algunas sesiones de acompañamiento espiritual, pudo comulgar y dormir en paz por primera vez en décadas. 

“Son experiencias que te llenan el corazón porque sabes que estos prejuicios y estigmas pesan en la vida de las mujeres. Por eso apostamos también por la despenalización social, que se debe de dar desde distintos ámbitos”, añade la activista.

De ahí los esfuerzos de ir más allá de la propia identidad católica y colaborar con líderes de otras confesiones.

“No se trata de que un discurso de odio diga lo que es pecado o no”, dice la pastora Montemayor. “Eso no checa con el discurso de Jesús en el Evangelio”. 

“Me preguntan mucho cómo una pastora evangélica puede estar con Católicas por el Derecho a Decidir y yo lo que les digo es que mi colaboración, más que católica, es por las mujeres. Estamos acompañando a las mujeres”.

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AP Foto: Eduardo Verdugo

La cobertura de noticias religiosas de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.

El acceso al aborto dio un paso más en México, ¿qué sigue para las activistas?

Originalmente publicado en The Associated Press, octubre de 2023 (link aquí)

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Son las ocho de la noche de un domingo y Crystal P. Lira no atiende los mensajes. Su atención está puesta en la mujer que acudió a su organización pidiendo un espacio seguro para abortar.

Crystal le ofreció las oficinas de su Colectiva Bloodys y Projects en Tijuana, donde un muro traza el límite entre este país de tránsito migrante y Estados Unidos.

Sería fácil pensar que el trabajo de las activistas que apoyan el derecho a decidir consiste en entregar pastillas abortivas, pero ellas no son doctoras ni farmacias, sino acompañantes. ¿Y eso qué significa? 

“Se habla mucho de poner el cuerpo”, dice Crystal. Brindar presencia física o virtual, dedicar su tiempo sin cobrar sueldo alguno y poner las fortalezas propias a disposición de otras mujeres. 

Las acompañantes trabajan más o menos así: vía redes sociales o WhatsApp, reciben las solicitudes de mujeres que quieren abortar. Los motivos varían. Falta de información sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo en casa, escasez de recursos, estigmatización en clínicas, temor, soledad. Y ahí el acompañamiento. Cuéntame, te escucho, hagamos tu protocolo de salud, dime a dónde te llevo las pastillas, avísame a qué hora llegas para abortar aquí.

Una resolución de la Suprema Corte de Justicia allanó en septiembre el camino a la despenalización en México, pero el aborto no se volvió accesible de un día para otro. Aunque la decisión implica que el Congreso deberá derogar las normas que lo criminalizan en el Código Penal Federal, no modifica las legislaciones estatales ni elimina el estigma social.

En 11 de 32 entidades donde ya es legal, activistas suelen denunciar que la ley no alcanza para remediar la falta de insumos, capacitación en clínicas ni el hostigamiento a las solicitantes. Por eso el trabajo sigue. Al igual que otras organizaciones, Bloodys traza una hoja de ruta y Crystal apunta a despertar un empoderamiento que trascienda fronteras. 

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El acompañamiento que ofrece Bloodys implica corresponsabilidad, dice Crystal. “Hacemos lo posible dentro de nuestro contexto social, legal, cultural y económico, pero también hacemos énfasis en que las mujeres se apropien de la información”.

Su oficina posee un banco de medicamentos y kits con toallas sanitarias, tés e ibuprofeno, pero lo más valioso son los panfletos que reparten en actos públicos y sintetizan lo que hay que saber antes de abortar.

En 2012, cuatro años antes de que fundara Bloodys, Crystal enfrentó un embarazo no deseado. “No sabía qué hacer, dónde buscar ni qué pensar”, recuerda. “Como varias compañeras, me dije ‘esto no me va a pasar’ y cuando me pasó no lo podía creer”.

Por recomendación de una amiga y su cercanía con la frontera, Crystal acudió a una clínica de Planned Parenthood en San Diego y regresó a Tijuana con un frasco de pastillas que jamás había visto y una deuda de 600 dólares que le permitió costear su aborto.

Con el tiempo se volvió consciente de cuántas mujeres pasan el mismo trago amargo. “Me causaba conflicto y preocupación que unas pudiéramos acceder y otras no”.

En 2015, tras ver un documental sobre aborto promovido por Las Libres –red pionera del acompañamiento en México– Crystal buscó a su fundadora, Verónica Cruz, y en 2016 recibió capacitación junto a otras acompañantes en la cocina de su casa.

“Para tomar conciencia y formar una red de aborto me tuve que cuestionar por qué llegué hasta aquí, por qué lo viví así y cómo lo pude haber vivido distinto”, dice. “Todas las mujeres, así como tenemos derecho a un aborto seguro, tenemos derecho a cuestionarnos cómo puede ser distinto para otras”.

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Lo más fácil de aprender fue el protocolo, dice Crystal. Toma tal pastilla, espera tantas horas, ingiere otra. No olvides esto y aquello. Cuídate así y así.

“Lo más difícil fue el piso político, la perspectiva de abortar desde el derecho y la libertad. No quedarnos calladas, no aportar a la clandestinidad”.

Un país con 32 estados implica que las acompañantes actúan de 32 maneras particulares. Hay lineamientos generales, claro, pero las activistas capitalinas tienen retos distintos al de las oaxaqueñas o chiapanecas, donde las comunidades indígenas abundan, y éstas se diferencian de las guerrerenses o las tamaulipecas, donde el crimen organizado oprime.

¿Qué vuelve único a Tijuana? La frontera. Se calcula que este año habrá más de 500.000 personas movilizadas desde Colombia a través de la selva del Darién para cruzar América Central y México hasta alcanzar este punto que conecta con Estados Unidos.

Venezolanos, salvadoreños, haitianos y mexicanos –que se desplazan por la violencia derivada del narcotráfico– son algunos nacionales que migran en trenes, autobuses y a pie. Miles son víctimas de robo, trata de personas y abuso sexual.

“Estamos viendo a mujeres que sufren muchas violencias en su recorrido para Estados Unidos”, dice Crystal. “Es algo que en otros estados no se ve”.

Algunas migrantes que desean interrumpir su embarazo las contactan directamente y otras son canalizadas a través de albergues o parteras. “Gracias a esa comunicación nos hemos dado cuenta de la necesidad de apoyo hacia esas mujeres porque hay veces que no cruzan solo una frontera, sino varias, y en ese cruce se viven violencias, sobre todo sexuales, y tienen que vivir abortos”, explica Minerva, otra integrante de Bloodys que pidió reservar su apellido por motivos de seguridad.

Es difícil que una migrante acceda a información, medicamentos y un espacio seguro para abortar, dice Crystal. “Están en albergues, en campamentos o casas donde viven con muchas otras personas. Entonces, al no ser el contexto ideal para hacerlo, nos toca acompañarlas aquí”.

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No todos los mexicanos celebran el posicionamiento de la Corte y quienes rechazan el aborto también han tomado acciones. 

Tras la resolución, el actor Eduardo Verástegui se registró como aspirante presidencial para los comicios de 2024 y su campaña repite “sí a la vida, no al aborto”. Sin mencionarlo por nombre, el cardenal Carlos Aguiar Retes llamó a votar por él y cuenta con el respaldo de ciudadanos católicos y otros grupos que han presentado firmas ante congresos locales rechazando la despenalización.

“Lo que está haciendo la Corte es activismo judicial”, dice Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. “Utilizar las instancias judiciales para decir ideología”. 

En reacción a la resolución, organizaciones afines al Frente encabezaron una protesta en días recientes. “Estamos marchando a favor de la mujer y de la vida porque es una relación consustancial”, agrega.

A todo movimiento progresista sigue un revés de grupos que se organizan en contra, dice Sofia Aguiar, abogada en GIRE, organización que presentó el amparo y motivó la respuesta de la Corte. “Lo vimos en Estados Unidos (con el retroceso de Roe vs Wade) y en movimientos progresistas en Europa y América Latina”. 

Por eso GIRE y otras organizaciones se dicen listas para defender lo ganado y ampliar su alcance en salud reproductiva. No sólo pelear por el aborto, sino para combatir la violencia obstétrica, la muerte materna y la anticoncepción forzada.

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Mientras las leyes avanzan, Crystal y otras activistas de Tijuana se han aliado para promover una idea: “conoce tu cuerpo y decide qué quieres para él”.

Con ello esperan difundir qué opciones hay para quienes pueden abortar en entornos legales –clínicas privadas, hospitales públicos, espacios de acompañamiento o el hogar propio— y los alcances de la autonomía: decidir quién te va a acompañar, cuánto quieres invertir y quién lo va a saber.

“Ni las mismas acompañantes nos tendríamos que enterar”, dice Crystal. “Hemos recibido mensajes de mujeres que nos dicen ‘lo hice con su información, muchas gracias, sigan así’”.

La próxima apuesta de Bloodys es migrar sus estrategias a Estados Unidos en complicidad con una compañera que se mudó a San Diego. El plan incluye replicar protestas, facilitar el medicamento –que allá requiere receta– y comunicar que abortar en casa es posible y seguro.

Otro plan a corto plazo es apoyar a la mujer desde diversas posiciones. En colaboración con el Frente Nacional contra Deudores Alimentarios de Baja California acompañan a madres que reclaman manutención a padres que no se responsabilizan de sus hijos y con Espacio Mujer Lunar ofrecerán talleres sobre salud menstrual en albergues para migrantes.

“Hablar de aborto es importante, pero una forma de que las mujeres se apropien de sus decisiones, su vida y sus cuerpos es apropiarse de esos otros procesos”, dice Crystal. 

Su aliada será Mónica Rosas, fundadora del colectivo que difunde cómo el ciclo menstrual es un signo vital de salud y reconocimiento de fertilidad. “Creamos un espacio de acompañamiento sobre el autoconocimiento en tribu”, cuenta Mónica. 

Su primer acercamiento a migrantes —con las que abordó cómo la violencia, el estrés, la alimentación y la falta de descanso afectan el cuerpo– ocurrió a finales de septiembre por invitación de ACNUR. El segundo será a mediados de octubre en compañía de Bloodys y, por paradójico que parezca, se realizará en un albergue con afiliación religiosa que atiende a unas 1.700 personas.

El programa incluye la alfabetización corporal –-nombrar la anatomía del cuerpo libre de tabúes–, describir las fases del ciclo menstrual, una danza y cantos que aborden otras perspectivas sobre el ser mujer.

“Nos encantaría que estas mujeres que están de paso, esperando una oportunidad para cruzar, ser llevaran esta información”, dice Crystal. “Que nuestras cuerpas (sí, en femenino) son poderosas y si las conocemos nos pueden ayudar a llegar a nuestra propia identidad, a darnos nuestro propio valor”.

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AP Foto: Karen Castañeda

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Acompañantes mexicanas asesoran abortos en casa en EEUU

Originalmente publicado en The Associated Press, abril de 2023 (link aquí)

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Hay tres cosas que uno debe saber sobre la Casa Verde.

La primera es que no es verde. Los tonos esmeralda, jade y musgo no están en los muros de su fachada, sino en los pañuelos y convicciones de las mujeres que trabajan en ella.

La segunda es que está en Chihuahua, un estado del norte de México que bordea con Estados Unidos y tiene un gobierno conservador que deja poco margen de maniobra para las activistas que defienden los derechos sexuales y reproductivos.

La tercera es que es un emblema. Como otro puñado de espacios similares, representa el modelo de acompañamiento de aborto en México, es decir, una red integrada por miles de personas que crean entornos seguros y afectuosos para que cualquier mujer decida sobre su maternidad.

El cobijo que brindan grupos como Marea Verde Chihuahua, cuyo centro de operaciones es esta casa recién inaugurada, ha trascendido fronteras y hoy permite que mexicanas y estadounidenses reciban asesoría virtual para abortar en casa de manera segura con medicamento.

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Miles de activistas en México y Estados Unidos comparten un desafío: facilitar el aborto a pesar de que gran parte de su territorio lo restringe o prohíbe.

México lo penaliza en 21 de sus 32 estados. En las 11 entidades donde es legal hay clínicas privadas, pero el Estado tendría que garantizarlo de manera gratuita y eso no siempre ocurre. Según han denunciado decenas de activistas, hay personal de salud que niega o retrasa el procedimiento, hospitales que carecen de insumos, farmacias que evitan vender pastillas y presión de la Iglesia en este país mayoritariamente católico.

En este contexto surgieron las “acompañantes”, voluntarias que brindan asesoría virtual o presencial para evitar el desconsuelo de abortar en soledad. Aunque no son médicas ni trabajan en hospitales, se capacitan constantemente bajo los lineamientos federales y protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para guiar abortos con fármacos.  

“Somos mujeres comunes y corrientes que estamos en esta labor por la justicia reproductiva”, dice Marcela Castro, integrante de Marea Verde Chihuahua. “Buscamos las reivindicaciones que el Estado nos ha negado desde el prohibicionismo”.

Por eso la Casa Verde no es verde: no es un disfraz, sino la representación de cómo las acompañantes han aprendido a moverse entre dos mundos –el visible y el invisible— y tras décadas de trabajo colectivo se han organizado para ayudar a quien lo necesite, incluso si vive en estados que penalizan abortar.

No hay un registro de cuántas “colectivas” —como las acompañantes llaman a sus agrupaciones— hay en México, pero la red abarca todo el territorio. Por eso desde 2019, años antes de que la revocación del fallo de Roe vs Wade eliminara la protección federal para abortar en Estados Unidos, activistas de ese país empezaron a consultar a sus colegas del sur.

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El aborto autogestionado es aquel que permite que una persona interrumpa su embarazo con pastillas sin supervisión médica. Las activistas mexicanas le han hablado sobre él a sus pares estadounidenses porque libra a la mujer de ser estigmatizada en una clínica, le resta visibilidad en territorios que lo castigan y, en el caso de México, de pagar, pues las acompañantes no cobran por su apoyo ni por el medicamento.

Marcela explica que en Marea Verde funciona así: tras recibir una solicitud, una acompañante entra en contacto con la interesada vía WhatsApp. Entre otros detalles le pregunta su última fecha de menstruación –para determinar la edad gestacional– y cómo confirmó el embarazo.

Si la acompañante no detecta señales de alarma que ameriten consultar a un médico o acudir a una clínica, sugiere un aborto con medicamento, lo que implica ingerir dosis específicas de misoprostol y mifepristona, fármacos avalados por la OMS. Aunque en Estados Unidos ambos requieren receta, en México el primero es de venta libre y el segundo es controlado, pero puede obtenerse a través de las colectivas.

Las mujeres de Chihuahua pueden recoger las pastillas en la Casa Verde. Quienes viven fuera las reciben por correo y las acompañantes las apoyan hasta que el aborto se realiza correctamente. En caso de imprevistos o emergencias, acuden a personal médico aliado de la red o sugieren a la mujer acudir a un hospital y están pendientes de su recuperación y situación legal.

Detrás de este proceso hay miles de mexicanas que llevan años ingeniándoselas para hacerlo funcionar. Todas aportan cuanto pueden: dinero para armar bancos de medicamentos, contactos con doctores que atiendan urgencias, asesoría legal y psicológica o valentía para desplazar pastillas dentro y fuera del país.  

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Marcela y su colega Salma Silva ofrecen un recorrido por los cuartos sin amueblar de su Casa Verde, que recientemente lograron financiar gracias a otra organización.

Ahí donde no hay muebles, hay planes. Cada habitación explica el trabajo que realizan desde 2018, cuando se agruparon de manera autónoma como otro centenar de colectivas mexicanas: sin sueldo, sin oficinas y compaginando sus profesiones y vidas privadas con la defensa del derecho a decidir.  

Salma explica que, con ayuda de donaciones y recursos propios, la Casa Verde cobrará forma poco a poco. Tendrá un cuarto con una cama para quienes necesiten un espacio para interrumpir su embarazo. Otro será un taller de serigrafía para confeccionar productos que difundan su trabajo y les permitan reunir dinero. Uno más se convertirá en el consultorio de una psicóloga, pues el acompañamiento no acaba con la entrega de medicamentos, sino cuando las acompañadas están listas para soltar su mano.

Desde aquí esperan ampliar su apoyo a mexicanas y estadounidenses, a quienes ya asesoraban desde otros espacios, pues para guiar un aborto seguro en casa el acompañamiento es virtual.

Mediante mensajes o llamadas, mexicanas de Chihuahua y otros estados fronterizos como Tamaulipas, Nuevo León y Sonora brindan asesoría en Estados Unidos. Según Marcela y otras acompañantes, a muchas de esas solicitantes les sorprende que se puede abortar a pesar de las restricciones legales y sin tener que pagar por tratarse en una clínica.

Para algunos grupos que defienden la vida desde la concepción en México, la falta de supervisión médica es preocupante y consideran que también se puede acompañar a las mujeres para que eviten abortar.

“Creemos que el aborto jamás va a ser una solución”, dice Jahel Torres, integrante de la organización Pasos por la vida. “Como sociedad podemos ofrecer a una mujer que esté en una situación vulnerable mejores respuestas, porque el aborto la va a convertir en una víctima más de ese proceso que sólo la va a lastimar, porque terminar con la vida de tu propio hijo siempre va a tener una secuela”.

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En la red de aborto en México cada pieza ha sido clave y varias voces coindicen en que su origen tiene un nombre: Verónica Cruz.

Vero, como la llaman muchas acompañantes, fundó Las Libres hace 20 años y trabaja desde Guanajuato, un estado conservador del centro de México.  

Su colectiva no sólo es un referente nacional por la logística que le permite facilitar medicamentos y su liderazgo en la formación de acompañantes, sino por encabezar parte de la Red Transfronteriza, que agrupa a quienes asesoran abortos virtuales en Estados Unidos.  

“En enero de 2022, cuando empezamos a acompañar desde Las Libres, en promedio teníamos diez casos diarios y esa demanda fue creciendo. Cuando cayó Roe en junio tuvimos hasta 100 diarios”, asegura.

El número alcanzó 300 solicitudes estadounidenses al día, una carga gigantesca para su equipo de diez personas. Entonces Vero empezó a tejer nuevas redes de aborto, esta vez en territorio extranjero.

“En un año hemos formado más de 20. Somos unas 200 personas ayudando sólo a Estados Unidos”.

Las Libres operan bajo cuatro escenarios. Uno: mujeres que cruzan la frontera y, tras comprar las pastillas en México, preguntan cómo usarlas. Dos: personas que planean cruzar para comprar los fármacos pero solicitan información antes de hacerlo y reciben acompañamiento durante el proceso. Tres: solicitantes que cruzan a espacios seguros llamados aborterías –como la Casa Verde— para interrumpir su embarazo ahí.

El cuarto es el más común: se envía el medicamento y el acompañamiento se brinda virtualmente desde México.

Vero cuenta que el aborto también se estigmatiza en Estados Unidos porque allá lo usual es pagar por tratarse en hospitales y quedar en manos de médicos. “La mayoría piensa que no son seguras las pastillas, entonces cambiar eso tan rápido ha sido un reto”.

Además está el temor de retar la ley. “En México somos mucho más desafiantes de los sistemas legales que nos oprimen”, dice. “Allá había muchísimo miedo a lo legal y en un año las cosas han cambiado. Muchísima gente está dispuesta a apoyar porque la ley no siempre tiene la razón”.

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Dimensionar el alcance de las redes de acompañamiento mexicanas es complejo.

Ninde Molina, abogada en Abortistas MX, organización especializada en estrategias litigio sobre aborto, pone un ejemplo: cualquiera podría interrumpir su embarazo con misoprostol siguiendo las directrices de la OMS, pero ante un imprevisto que la obligara a ir a un hospital, ¿quién podría ayudarla si el personal de salud amenazara con denunciarla ante el Ministerio Público?

Abortar bajo el ala de la red implica un monitoreo colectivo para que toda mujer criminalizada por abortar reciba respaldo legal de grupos con alcance nacional como AbortistasMX o Gire. “El tema del acompañamiento es ése: yo no te voy a soltar la mano hasta que estés bien”, dice Ninde.

Agrega que la necesidad de articular esta solidaridad surgió porque –a diferencia de las mujeres estadounidenses, que pudieron abortar en clínicas desde que Roe garantizó el acceso en 1973– las latinoamericanas tuvieron que abrir sus propios caminos ante los contextos conservadores y las precariedades del sistema de salud.

Por eso cada red ha perfeccionado mecanismos propios. Aborto Seguro Chihuahua no envía medicamentos por correo como Marea Verde o Las libres pero tiene otra logística para acompañar en México y Estados Unidos.

Laura Dorado, una de sus integrantes y quien también forma parte de la Red Transfronteriza, explica que en su colectiva hay voluntarias que viajan entre Ciudad Juárez y El Paso para trasladar pastillas.

Como la mifepristona es un fármaco controlado, suelen recibirlo a través de Las Libres. Consiguen el misoprostol por su cuenta y arman los combos que cruzarán hasta Texas, desde donde se redistribuirán vía paquetería o entrega personal.

Aborto Seguro Chihuahua recibe solicitudes de Texas, Arizona y Colorado. Las Libres y Marea Verde coinciden y mencionan otros estados como Florida, Mississippi, Oklahoma, Georgia, California, Nueva Jersey y Nueva York.

En algunos de éstos el aborto es legal, pero las acompañantes consideran que algunas mujeres las buscan porque son de origen hispano, por lo que la estigmatización pesa en las clínicas y realizar desembolsos de hasta 600 dólares para pagar por el servicio no es una opción.

Laura, que trabaja con unas 20 acompañantes que atienden hasta 120 abortos mensuales, dice que además asesoran a quienes cruzan desde ciudades como McAllen para comprar pastillas. “Tenemos identificadas farmacias en las que no batallan para que se las vendan”. También sugieren hospedarse en hoteles y pedir el medicamento a domicilio para mantener bajo perfil.

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Hay una infinidad de razones por las cuales alguien decide abortar. Marea Verde Chihuahua ha apoyado a víctimas de violencia, mamás que no tienen recursos para mantener más hijos o personas que no desean maternar.

Hace tiempo, una de sus acompañantes fue contactada por una mujer latina que vive en Estados Unidos y era violentada por su pareja, por lo que eligió interrumpir el embarazo sin que él se enterara. La acompañante acudió a la red para buscar cómo enviar el medicamento. Una colectiva de otro estado lo proporcionó, una voluntaria cruzó la frontera con él y lo reenvió por mensajería.  

Días después del aborto, la mujer tuvo sangrados anormales y la acompañante le aconsejó ir a una clínica. Donde vive, el procedimiento es legal, pero la mujer lo descartó de inicio para evadir el estigma y un costo elevado. Respaldada por la acompañante, acudió y pagó 1.500 dólares por tratarse. Al poco tiempo, su caso salió a la conversación durante una puesta en común de colectivas y la red volvió a activarse: una acompañante llamó a otra, y a otra, y entre todas reunieron los 1.500 dólares para enviarlos a la misma mujer.

Marcela Castro sonríe y no duda ni un segundo: “El modelo de acompañamiento es lo que nos hace ser únicas”. La red no sólo informa o medica, acompaña. Y, en esa compañía que brinda, despierta algo más profundo: “La epítome de la resistencia, de la conquista de los derechos, de imponernos sobre lo que se nos ha negado”.

Agrega que la Historia pasó años enseñando a las mujeres que recibir atención médica de calidad implicaba pagar y quedar en manos de médicos, pero ahora asumir el control del cuerpo es un símbolo de resistencia y este mensaje ya rebasa fronteras.

Bajo este enfoque, explica, es posible transformar paradigmas. Accionar sobre el útero propio aporta un cambio en lo individual y en lo colectivo y eso es revolucionario.

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AP Foto: Adriana Esquivel

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