Luego de que el Senado diera una primera aprobación a un proyecto de Código Penal que mantiene la prohibición total a la interrupción del embarazo a finales de junio, decenas de personas se lanzaron a las calles el miércoles para exigir que se garanticen los derechos de las mujeres, de la niñez y de la comunidad LGBTQ, que —según diversas organizaciones de derechos humanos— se vulnerarían con los posibles cambios al documento.
“Nosotras seguimos en pie de lucha», dijo antes de la protesta la reconocida activista dominicana Sergia Galván.
Galván y otras feministas llevan décadas exigiendo que el aborto se despenalice bajo tres causales: cuando esté en riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo sea producto de violación o incesto y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.
República Dominicana es uno de los cuatro países latinoamericanos que criminalizan el aborto sin excepción. El Código Penal actual establece que cualquier persona que aborte enfrenta hasta dos años de cárcel. Para médicos, parteras o enfermeras, la pena va de cinco a 20 años de prisión.
El presidente dominicano, Luis Abinader, quien se reeligió en mayo pasado, se dijo dispuesto a respaldar la despenalización en sus dos campañas presidenciales, pero tras ganar ambas elecciones no volvió a mostrar su apoyo.
“Las organizaciones de mujeres estuvimos en reunión con él y dijo estar de acuerdo con las tres causales y que iba a trabajar para que en su partido hubiera una postura a favor», dijo Galván. “Realmente fue un engaño a la ciudadanía, a las mujeres y al pueblo”.
Tanto Galván como miembros de otros organismos locales e internacionales han denunciado que la prohibición absoluta del aborto tiene diversas ramificaciones. Alrededor de un 30% de las adolescentes carece de acceso a métodos anticonceptivos, no existe la educación sexual integral laica, siete de cada 10 mujeres sufre violencia de género —como incesto, matrimonio infantil y explotación sexual— y los niveles de pobreza incrementan los riesgos de enfrentar un embarazo no deseado.
“Queremos un Código que respete a las mujeres y a las niñas, que les permita decidir, que respete el oficio y el criterio de los médicos para decidir en caso de hacer un aborto, pero también queremos un Código que sancione la impunidad, esa corrupción burda que nos ha robado el futuro a muchos jóvenes”, dijo desde la protesta Nicole Pichardo, dirigente de un partido político minoritario.
Más allá de la despenalización, organismos como Human Rights Watch alertaron que el proyecto de Código Penal reduce las penas por violencia sexual dentro del matrimonio y excluye la orientación sexual de la lista de características protegidas contra la discriminación, lo que traería más vulneración a la comunidad LGBTQ.
“Estamos aquí, frente a la Presidencia de la República Dominicana, porque el Código Penal que aprobaron los senadores y está próximo a aprobarse por los diputados, no nos representa”, añadió desde la manifestación del miércoles Rosalba Díaz, miembro de la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (Colesdom). “¿Qué significa eso? Que ahora las personas que vivimos con diferentes orientaciones sexuales, identidades de género, vamos a estar en riesgo de que constantemente nos discriminen”.
A la lista de preocupaciones de ciudadanos y activistas se suman otras cuestiones. El artículo 14, por ejemplo, exime de responsabilidad penal a las iglesias, lo que según activistas como Galván dejaría impunes crímenes de pedofilia, lavado de activos o encubrimiento entre los líderes de fe.
En la isla caribeña, la religión es fundamental. Es el único país del mundo con una Biblia en su bandera y el lema del Estado es “Dios, Patria y Libertad”.
Según activistas del sector conservador y que se oponen a la despenalización, su relación con algunos legisladores es cercana y miembros de organizaciones como 40 Días por la Vida dicen orar para que los congresistas mantengan los candados que impiden abortar o brindar educación sexual integral.
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AP Foto: Ricardo Hernandez
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CIUDAD DE MÉXICO (AP) – Si una mujer gana la presidencia de México, ¿habría un gobierno con perspectiva de género?
La pregunta ha acompañado las campañas electorales a pocos meses de unos comicios que casi con certeza arrojarán a una presidenta para el periodo 2024-2030.
De los tres candidatos la puntera es Claudia Sheinbaum, que ha prometido continuar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le sigue Xóchitl Gálvez, representante de varios partidos opositores, uno de ellos conservador.
El triunfo de una u otra, sin embargo, no garantizaría un avance en políticas de género. En este país mayoritariamente católico ninguna de las dos candidatas ha compartido propuestas concretas sobre aborto, aunque sí han planteado medidas de protección a la mujer en un país que anualmente registra decenas de feminicidios.
¿Cuáles son algunos de los desafíos que el siguiente gobierno enfrentará con respecto a la agenda feminista y los derechos de la comunidad LGBTQ?
¿CUÁL ES PANORAMA ACTUAL DEL ABORTO?
México es una república federal, lo que implica que cada estado tiene sus propios códigos penales para regular sus delitos.
El aborto se ha despenalizado en 11 de 32 estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes. Además, un fallo de la Suprema Corte prohíbe que se criminalice a quienes aborten en Coahuila y, tras el reciente fallo de otro tribunal, a esta lista pronto se sumará Jalisco.
Otros estados contemplan algunas causales y se permite en todo el territorio si el embarazo es producto de una violación.
Una resolución de la Corte allanó el camino a la despenalización a nivel federal en 2023, pero ordenar que se deroguen las normas que criminalizan el aborto en el Código Penal Federal no modifica las legislaciones estatales ni elimina el estigma social.
En estados donde ya es legal hay activistas que denuncian falta de insumos y capacitación en clínicas, así como hostigamiento a las solicitantes.
Para encarar esa problemática y facilitar el acceso donde aún no se permite, una red de voluntarias llamadas “acompañantes” acercan información, medicamentos o contactos a quien desee interrumpir su embarazo.
¿EL ABORTO EN MÉXICO PODRÍA RETROCEDER COMO EN ESTADOS UNIDOS?
Gane quien gane, el Ejecutivo no afectaría directamente su avance o retroceso porque cada estado tiene autonomía sobre su código penal.
Sin embargo, dice Ninde Molina, abogada en Abortistas MX, organización especializada en estrategias de litigio sobre aborto, quien llegue al poder sí podría incidir como una suerte de autoridad moral.
“El peso del presidente es que es el representante del pueblo mexicano y se esperaría que se manifieste expresamente a favor de los derechos humanos”, dice. “En el contexto en el que estamos es muy peligroso que haya propuestas tan tibias porque el mensaje que manda es que entonces estos no son derechos fundamentales”.
Y si bien de momento no preocupa pensar en un retroceso, el escenario cambiaría si López Obrador o Sheinbaum lograran alterar la composición del Poder Judicial.
Tras varias tensiones entre jueces, magistrados y el presidente, éste envió al Congreso una reforma para reemplazar a los actuales integrantes de la judicatura federal por otros elegidos por el voto popular, lo que preocupa a varios analistas, entre ellos, Molina.
“La Corte también está en peligro”, dice. “A la gente le podrá parecer atractivo, pero no se dan cuenta de lo que implica”.
“Por ejemplo, podría llegar un caso de aborto y que lo que está ya escrito se vaya para atrás”.
¿QUÉ PIENSA EL SECTOR CONSERVADOR?
Isaac Alonso, del Movimiento Viva México, que respaldó las aspiraciones presidenciales de Eduardo Verástegui, piensa que ninguna de las candidatas representa la visión o intereses conservadores.
Desde sus filas también se percibe falta de contundencia sobre el tema y Alonso explica que para los conservadores la consigna no ha cambiado: aunque dicen no estar a favor de que se criminalice a las mujeres, el aborto es injustificable, por lo que esperarían políticas gubernamentales que alienten los nacimientos, por ejemplo, a través de mejoras en el sistema de adopciones.
“Creemos en impulsar políticas públicas con perspectiva de familia y que exista un ecosistema para que un bebé pueda vivir en condiciones de seguridad favorables”.
Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, tampoco ve un panorama alentador. “Antes de 2018 sólo se había aprobado el aborto en Ciudad de México”, recuerda.
“Es muy relevante decir cómo la Suprema Corte, en la presidencia de Arturo Saldívar, tuvo un sesgo ideológico”, dice sobre el juez que ahora forma parte del equipo cercano a Sheinbaum y también mantiene rencillas con la judicatura actual.
Según Cortés, los conservadores no ven en el gobierno un aliado para proteger la vida, también entendida desde la falta de combate a la violencia y, llegue quien llegue al gobierno, continuarán pidiendo acercamientos “para cuidar el primero y fundamental de los derechos”.
¿UNA PRESIDENTA CON PERSPECTIVA FEMINISTA?
“Que gane una mujer no garantiza para nada la perspectiva de género”, dice Pauline Capdevielle, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “De hecho, lo que estamos viendo cada vez más son estrategias de los sectores conservadores para que haya una fachada de feminismo que se opone a la tradición feminista”.
Un cambio verdadero, indica, arrancaría integrando verdaderas feministas al gobierno. “No es meter mujeres donde no había, sino politizar estos temas y realmente impulsar una transformación”.
Algunas feministas han mostrado su respaldo a Sheinbaum, pero tanto ella como López Obrador han recibido críticas por su falta de empatía ante las manifestantes que protestan contra la violencia de género. Aunado a esto, organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado uso excesivo de la fuerza contra mujeres en las marchas del 8 de marzo y consideran que su derecho a protestar se estigmatiza.
Para Capdevielle, entre los temas que falta afianzar en la agenda de género de México destacan la participación de las mujeres en los procesos políticos y la justicia reproductiva.
“Consolidar el derecho al aborto, que está lejos de ser una realidad para todas las mujeres” y garantizar educación sexual integral, acceso a anticonceptivos, el derecho a la identidad autopercibida y los derechos de las personas LGBTQ.
¿CUÁL ES EL PANORAMA PARA LA COMUNIDAD LGBTQ?
“No es probable que las necesidades de esta población figuren prominentemente en las elecciones presidenciales”, dice Cristian González Cabrera, investigador senior de Human Rights Watch.
“Esta desconsideración ignora la realidad de muchas personas LGBT en México, que siguen viviendo en contextos de violencia y discriminación”.
En México la comunidad LGBTQ ha sido blanco de violencia desde hace tiempo. La organización civil Letra S documentó más de 500 homicidios en los últimos seis años, 58 de ellos en 2023, y 2024 arrancó con el asesinato de tres miembros de la comunidad trans, grupo que, junto con los migrantes, son particularmente vulnerables, considera González Cabrera.
“Los migrantes LGBT siguen sufriendo abusos de parte de grupos delictivos y funcionarios mexicanos debido a su doble vulnerabilidad”, explica. “Con demasiada frecuencia, estas violaciones de los derechos humanos no se investigan de forma efectiva ni se castigan”.
Sheinbaum defendió en 2023 que como alcaldesa capitalina creó una Unidad de Salud Integral para las Personas Trans y dijo que su sueño sería seguir luchando en favor de las personas de la diversidad sexual, pero no precisó más.
Por su parte, Gálvez escribió que en su gobierno las mujeres de la diversidad sexual vivirían con respeto a su orientación e identidad, mas tampoco ahondó en propuestas concretas, lo que sigue despertando suspicacia entre miembros de la comunidad LGBTQ conscientes de que uno de los partidos que la respalda es históricamente conservador.
González Cabrera destaca que desde 2022 todos los estados reconocen el matrimonio igualitario, pero hay derechos que aún no se garantizan en algunas entidades. “Por ejemplo, hay 11 estados en donde el reconocimiento legal de la identidad de género para personas trans no es posible por vía administrativa, a pesar de sentencias de la Suprema Corte reconociendo este derecho”.
Para que haya una agenda a favor de la población LGBTQ, añade, un gobierno debería consultar a sus representantes sobre sus necesidades, destinar recursos para abordar la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género, apoyar a migrantes LGBTQ y animar a los gobiernos estatales a armonizar su legislación con las sentencias de la Corte a favor de sus derechos.
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AZUA, República Dominicana (AP) – Es sábado por la mañana y Marcia González debería estar en la iglesia, pero dejó a su marido a cargo de sus compromisos eclesiales. Libro en mano y voz de Caribe, ríe con las adolescentes que instruye en un colegio al sur de República Dominicana.
“Órganos sexuales internos de la mujer”, dicen las letras de colores sobre un póster pegado al pizarrón.
Que su esposo sea diácono y ella coordine las actividades del templo no le impide nombrar las partes del cuerpo femenino libre de prejuicios y tabúes. “Él siempre ha tenido una mente muy abierta y dice que la educación sexual hay que traerla a las escuelas”.
La isla caribeña es una de las cuatro naciones que aún penaliza el aborto sin excepciones en América Latina, pero la imposibilidad de interrumpir de un embarazo es sólo un eslabón de la cadena que vulnera los derechos de la mujer.
Aquí, denuncian activistas, la pobreza lleva a algunas madres a casar a sus hijas de 14 o 15 años con hombres de 50 o 60. El estigma dificulta que los jóvenes accedan a métodos anticonceptivos y a información sobre su uso. La tolerancia al incesto silencia el abuso sexual.
De cada 1.000 jóvenes de entre 15 y 19 años, 42 fueron madres en 2023, dice el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y hasta 2019, cuando UNICEF publicó su último informe sobre el matrimonio infantil en el país, más de un tercio de las dominicanas establecieron uniones antes de cumplir 18.
La ley prohíbe los matrimonios de menores desde 2021, pero activistas y líderes comunitarias aseguran que las uniones continúan porque se han normalizado o se desconoce la legislación.
“En el curso de Melanie, que es mi nieta de 14 años, dos amiguitas menores que ella ya están casadas”, dice Marcia. “Muchas madres le damos la responsabilidad de nuestros hijos a las hijas más grandes, entonces, en vez de cuidar muchachitos, mejor te vas con el marido”.
Para evitar que más niñas padezcan lo mismo, Marcia y otras dominicanas arman a las nuevas generaciones con educación. A través de agrupaciones locales o internacionales, forman “clubes de adolescentes” que abordan temas como educación financiera, autoestima y derechos reproductivos.
Así enseñan, por ejemplo, que organizar cajas de ahorro puede potenciar sus proyectos de vida y que conocer mejor sus cuerpos genera autocuidado.
“Hay mitos que te dicen cuando uno tiene el periodo”, cuenta Gabriela Díaz, de 16 años, durante una visita reciente que el Women’s Equality Center organizó en su escuela. “Que estamos sucias o que tenemos la sangre sucia; pero eso es falso, porque estamos ayudando a nuestro cuerpo a limpiarse y a tener un mejor funcionamiento”.
Para ella y otras jóvenes, Marcia es lo que Plan International denomina “madrina”, una lideresa comunitaria que imparte los programas de esta organización que promueve los derechos de la niñez en comunidades vulnerables.
Según sus monitoreos, San Cristóbal y Azua, donde vive Marcia, son las ciudades dominicanas con mayores índices de embarazo adolescente y matrimonio infantil.
Para contrarrestarlo, sus programas gratuitos acogen a chicas de entre 13 y 17 años. Cada club se reúne un par de horas por semana, tiene hasta 25 participantes y cuenta con dos madrinas.
El modelo se replica en otras regiones como San Cristóbal, también al sur, donde la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca) lleva casi 40 años defendiendo los derechos de las dominicanas.
“Decimos que Conamuca nació con la lucha de la tenencia de la tierra, pero las coyunturas han ido cambiando y hemos integrado temáticas como soberanía alimentaria, reforma agraria y derechos sexuales y reproductivos”, explica Lidia Ferrer, una de sus líderes.
Sus clubes alcanzan a unas 1.600 niñas y adolescentes en 60 comunidades y su incidencia política y social aglutina a unas 10.000 mujeres en 15 federaciones.
Los módulos que abordan con las chicas cambian según las necesidades de cada región, pero entre los recurrentes destacan embarazo adolescente, uniones tempranas, feminicidio y sexualidad.
“Nosotras partimos de la realidad porque la vivimos, la padecemos y la sufrimos”, dice Kathy Cabrera, quien ingresó a los clubes de Conamuca a los nueve años y ahora, a sus 29, acompaña a las nuevas generaciones.
Según explica, la migración es cada vez más notoria en las zonas rurales, donde las mujeres caminan kilómetros para estudiar o conseguir algo tan básico como un galón de agua, y los servicios de salud no garantizan los derechos sexuales y reproductivos. “Tenemos un Estado que te dice no abortes, pero tampoco te brinda los métodos anticonceptivos necesarios para evitar el aborto”.
En las comunidades, asegura, hay niñas de 13 años viviendo con hombres sesenta y tantos y cuando se convierten en madres nadie cuestiona sus embarazos.
“Se ve como que el embarazo adolescente es de la adolescente, pero no se ve quién embarazó a esa niña y por qué ese hombre está libre”, asegura. “No se ve como una violación, sino como algo normal porque si mi abuela se embarazó y se unió a temprana edad y mi bisabuela también y mi mamá también, la norma dice que yo también”.
En otras ocasiones, refieren Kathy y otras activistas, hay padres que “entregan” a sus hijas a sus parejas porque no pueden mantenerlas o descubren que no son vírgenes.
“Mi hermana salió embarazada a los 16 y fue algo muy perturbante”, dice Laura Pérez, de 14 años e integrante de uno de los clubes de Conamuca. “Se unió a una persona mucho mayor que ella y ya tienen un bebé de un año. Yo digo que no fue lo mejor”.
Las dinámicas de los clubes cambian constantemente para que las adolescentes compartan sus experiencias en un ambiente seguro y amoroso. A veces inician con sesiones de relajación y otros días organizan juegos, como sopas de letras con palabras como “feminismo” y “sexo” o verdadero y falso. Por ejemplo, ¿es cierto que la educación sexual integral puede proporcionarte mejores habilidades para la vida?
Las huellas de los avances son semillas que germinan. Si un padre le dice a su hija que no corte limones cuando está menstruando, ella responde que eso no tiene sentido. Si un grupo de niñas va una fiesta y los baños no tienen pestillo, se acompañan para protegerse. Si una adolescente acude a una clínica de salud para pedir un implante anticonceptivo subdérmico y la enfermera amenaza con acusarla con su madre, sabe que cuenta con su madrina.
“Ellas me llaman para confiar cualquier cosa”, dice Marcia. “A mí me emociona que, de mi grupo de Plan, ninguna ha salido embarazada”.
Cada día es más común que en los salones de Plan y Conamuca retumben las voces de jóvenes que planean su futuro. Francesca Montero tiene 16 años y quiere ser pediatra. Perla Infante, de 15, psicóloga. Lomelí Arias, de 18, enfermera.
“¡Yo quiero ser militar!”, grita Laura Pérez, la chica de 14 que dice cuidarse para no seguir los pasos de su hermana.
“Estaba indecisa pero cuando entré a Conamuca dije ‘quiero ser militar’. Aquí vemos a todas estas mujeres que te dan fuerza, que son como tú, pero como una guía, como cuando un niño ve a alguien mayor y dice: ‘De grande quiero ser así’”.
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SANTO DOMINGO (AP) – República Dominicana es uno de los cuatro países latinoamericanos que aún prohíbe el aborto sin excepción.
Mientras los sectores conservadores y religiosos cierran filas para evitar la despenalización, activistas en favor de tres causales que permitan interrumpir embarazos en circunstancias extremas tampoco se rinden. Según explican, las leyes que criminalizan el aborto no sólo restringen el derecho a decidir, sino también vulneran las vidas de las dominicanas.
Aquí un panorama que sintetiza las aristas legales, religiosas y sociales en torno a la prohibición total del aborto en el país caribeño.
¿QUÉ DICE LA LEY?
El aborto se penaliza sin excepción y, según el Código Penal, cualquier persona que aborte enfrenta hasta dos años de cárcel. Para médicos, parteras o enfermeras, la pena va de cinco a 20 años de prisión.
¿QUÉ PAPEL JUEGA LA RELIGIÓN?
No hay otro país con una Biblia en su bandera.
El lema del Estado dominicano es “Dios, Patria, Libertad” y desde 1954 el gobierno tiene un concordato con el Vaticano, lo que implica que la religión oficial es el catolicismo, aunque la Constitución permita la libertad de culto.
Las escuelas imparten educación sexual, pero el espectro religioso incide. El programa “Aprendiendo a querer”, implementado por el Ministerio de Educación, nació de un acuerdo con la jerarquía eclesiástica para reforzar valores en las aulas.
La afiliación religiosa también pesa en el Legislativo. “Nosotros hemos orado por los congresistas y algunos congresistas se unen a nosotros en oración”, dice Martharís Rivas, directora de campaña de la organización 40 Días por la Vida, que realiza diversas acciones para poner fin al aborto en el mundo.
“Hemos ganado una mayoría provida en el Congreso y cada vez que intentan hacer cualquier cosa, nos damos cuenta”, añade. “Siempre hemos aportado a los debates que se han hecho internamente y los obispos se han acercado a los congresistas para conversar”.
¿ENTONCES, ABORTAR ES IMPOSIBLE?
No. En el campo se usan conocimientos ancestrales para interrumpir embarazos con brebajes y en las ciudades hay personal médico que se las ingenia para facilitar abortos con medicamentos como misoprostol.
“Legalmente no existe, pero si a mí me llaman, yo sé cómo encauzar esa situación”, dice una persona que trabaja en una clínica y pidió no revelar su identidad para no poner en riesgo su seguridad. “Lo que hacemos es hacerle indicaciones, porque eso (el misoprostol) se utiliza para úlceras, entonces tú indicas un complejo B, un antiácido y te lo venden”.
Además, hay redes de acompañantes como en México, dice la reconocida activista Sergia Galván.
“En 1995, teníamos tres centros de interrupción voluntaria del embarazo de manera clandestina, pero llegó un momento en que el riesgo fue muy alto”, recuerda. “Históricamente hemos tenido mecanismos pero no son suficientes, porque se dan en medio de procesos muy restringidos”.
¿QUÉ PASA CUANDO UNA MUJER SUFRE UN ABORTO ESPONTÁNEO?
La situación en los hospitales públicos es sumamente delicada, cuenta la enfermera Francisca Peguero, del Colegio Médico Dominicano. “Vemos inclusive muertes de adolescentes en las emergencias porque el médico se encuentra con una disyuntiva: si le presta atención, puede ser penalizado”.
Para las mujeres adultas, el panorama es aún más crítico. En los hospitales públicos, añade Peguero, hay policías que al ver a una paciente sangrando pueden denunciarla. “Tenemos mucha experiencia con mujeres que se han llevado presas, muchachas que se les saca el producto y, cuando salen de la sala de parto, ahí están esperándolas”.
Las pacientes suelen ser campesinas o mujeres de pocos recursos que buscan todo a su alcance para interrumpir su embarazo. “Recuerdo una adolescente que llegó con un pedazo de plátano en el útero”, dice Peguero. “Se introducen cosas porque está penalizado legalmente y por los padres”.
Narra que una vez atendió a una joven de 15 años que llegó desmayada y cubierta en sangre. Tras internarla, un policía subió a buscarla porque su propia madre la denunció. Aunque el embarazo fue producto de la violación de un tío, la mujer insistía en que su hija debía parir.
¿QUÉ OTROS ALCANCES TIENE LA PENALIZACIÓN?
Diversas organizaciones refieren que médicos y hospitales titubean al tratar a mujeres embarazadas si el remedio arriesga al feto o, en caso de que haya un aborto en curso, evitan internarlas para que no se registre el caso en su hospital.
“Después de Dios, están los médicos”, pensó Rosa Hernández cuando confió la salud de su hija Rosaura al personal de una clínica en Santo Domingo.
Aunque no ignoraba que el aborto se penaliza en su país, sí desconocía que Rosaura estaba embarazada y eso le jugaría en contra. Según explica, la joven de 16 años tenía leucemia y los médicos retrasaron su tratamiento para no afectar al feto que no rebasaba el mes de gestación. A las pocas semanas, en agosto de 2012, murió.
“A mi hija me la destruyeron”, dijo durante un encuentro reciente que organizó el Women’s Equality Center. “Llegaron a ponerle el tratamiento cuando ya no tenía vida. Un mes de embarazo fue más importante que sus 16 años”.
¿QUÉ EXIGEN LAS ACTIVISTAS EN FAVOR DEL ABORTO?
Lo primero sería despenalizar el aborto bajo tres causales: cuando esté en riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo sea producto de violación o incesto y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.
Según Sergia Galván, la despenalización no sólo es necesaria porque la ley actual niega derechos sexuales y reproductivos, sino porque las dominicanas enfrentan problemáticas que van más allá de las decisiones sobre sus cuerpos.
Alrededor de un 30% de las adolescentes carece de acceso a métodos anticonceptivos, no existe la educación sexual integral laica, siete de cada 10 mujeres sufre violencia de género —como incesto, matrimonio infantil y explotación sexual— y los niveles de pobreza incrementan los riesgos de enfrentar un embarazo no deseado, afirma la activista.
“Todas esas situaciones son un riesgo que una mujer no busca”, dice. “Nuestro marco constitucional debería proteger en estos casos que no son aborto por elección, sino circunstancias extremas, para preservar la vida, dignidad e integridad de una mujer”.
¿EL ESCENARIO PODRÍA CAMBIAR?
A corto plazo parece improbable. Aunque el presidente dominicano, Luis Abinader, se comprometió con las tres causales como candidato, su gobierno no ha dado el paso y todo indica que se reelegirá en 2024.
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AP Foto: Ricardo Hernández
La cobertura de noticias religiosas de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.
Son las ocho de la noche de un domingo y Crystal P. Lira no atiende los mensajes. Su atención está puesta en la mujer que acudió a su organización pidiendo un espacio seguro para abortar.
Crystal le ofreció las oficinas de su Colectiva Bloodys y Projects en Tijuana, donde un muro traza el límite entre este país de tránsito migrante y Estados Unidos.
Sería fácil pensar que el trabajo de las activistas que apoyan el derecho a decidir consiste en entregar pastillas abortivas, pero ellas no son doctoras ni farmacias, sino acompañantes. ¿Y eso qué significa?
“Se habla mucho de poner el cuerpo”, dice Crystal. Brindar presencia física o virtual, dedicar su tiempo sin cobrar sueldo alguno y poner las fortalezas propias a disposición de otras mujeres.
Las acompañantes trabajan más o menos así: vía redes sociales o WhatsApp, reciben las solicitudes de mujeres que quieren abortar. Los motivos varían. Falta de información sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo en casa, escasez de recursos, estigmatización en clínicas, temor, soledad. Y ahí el acompañamiento. Cuéntame, te escucho, hagamos tu protocolo de salud, dime a dónde te llevo las pastillas, avísame a qué hora llegas para abortar aquí.
Una resolución de la Suprema Corte de Justicia allanó en septiembre el camino a la despenalización en México, pero el aborto no se volvió accesible de un día para otro. Aunque la decisión implica que el Congreso deberá derogar las normas que lo criminalizan en el Código Penal Federal, no modifica las legislaciones estatales ni elimina el estigma social.
En 11 de 32 entidades donde ya es legal, activistas suelen denunciar que la ley no alcanza para remediar la falta de insumos, capacitación en clínicas ni el hostigamiento a las solicitantes. Por eso el trabajo sigue. Al igual que otras organizaciones, Bloodys traza una hoja de ruta y Crystal apunta a despertar un empoderamiento que trascienda fronteras.
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El acompañamiento que ofrece Bloodys implica corresponsabilidad, dice Crystal. “Hacemos lo posible dentro de nuestro contexto social, legal, cultural y económico, pero también hacemos énfasis en que las mujeres se apropien de la información”.
Su oficina posee un banco de medicamentos y kits con toallas sanitarias, tés e ibuprofeno, pero lo más valioso son los panfletos que reparten en actos públicos y sintetizan lo que hay que saber antes de abortar.
En 2012, cuatro años antes de que fundara Bloodys, Crystal enfrentó un embarazo no deseado. “No sabía qué hacer, dónde buscar ni qué pensar”, recuerda. “Como varias compañeras, me dije ‘esto no me va a pasar’ y cuando me pasó no lo podía creer”.
Por recomendación de una amiga y su cercanía con la frontera, Crystal acudió a una clínica de Planned Parenthood en San Diego y regresó a Tijuana con un frasco de pastillas que jamás había visto y una deuda de 600 dólares que le permitió costear su aborto.
Con el tiempo se volvió consciente de cuántas mujeres pasan el mismo trago amargo. “Me causaba conflicto y preocupación que unas pudiéramos acceder y otras no”.
En 2015, tras ver un documental sobre aborto promovido por Las Libres –red pionera del acompañamiento en México– Crystal buscó a su fundadora, Verónica Cruz, y en 2016 recibió capacitación junto a otras acompañantes en la cocina de su casa.
“Para tomar conciencia y formar una red de aborto me tuve que cuestionar por qué llegué hasta aquí, por qué lo viví así y cómo lo pude haber vivido distinto”, dice. “Todas las mujeres, así como tenemos derecho a un aborto seguro, tenemos derecho a cuestionarnos cómo puede ser distinto para otras”.
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Lo más fácil de aprender fue el protocolo, dice Crystal. Toma tal pastilla, espera tantas horas, ingiere otra. No olvides esto y aquello. Cuídate así y así.
“Lo más difícil fue el piso político, la perspectiva de abortar desde el derecho y la libertad. No quedarnos calladas, no aportar a la clandestinidad”.
Un país con 32 estados implica que las acompañantes actúan de 32 maneras particulares. Hay lineamientos generales, claro, pero las activistas capitalinas tienen retos distintos al de las oaxaqueñas o chiapanecas, donde las comunidades indígenas abundan, y éstas se diferencian de las guerrerenses o las tamaulipecas, donde el crimen organizado oprime.
¿Qué vuelve único a Tijuana? La frontera. Se calcula que este año habrá más de 500.000 personas movilizadas desde Colombia a través de la selva del Darién para cruzar América Central y México hasta alcanzar este punto que conecta con Estados Unidos.
Venezolanos, salvadoreños, haitianos y mexicanos –que se desplazan por la violencia derivada del narcotráfico– son algunos nacionales que migran en trenes, autobuses y a pie. Miles son víctimas de robo, trata de personas y abuso sexual.
“Estamos viendo a mujeres que sufren muchas violencias en su recorrido para Estados Unidos”, dice Crystal. “Es algo que en otros estados no se ve”.
Algunas migrantes que desean interrumpir su embarazo las contactan directamente y otras son canalizadas a través de albergues o parteras. “Gracias a esa comunicación nos hemos dado cuenta de la necesidad de apoyo hacia esas mujeres porque hay veces que no cruzan solo una frontera, sino varias, y en ese cruce se viven violencias, sobre todo sexuales, y tienen que vivir abortos”, explica Minerva, otra integrante de Bloodys que pidió reservar su apellido por motivos de seguridad.
Es difícil que una migrante acceda a información, medicamentos y un espacio seguro para abortar, dice Crystal. “Están en albergues, en campamentos o casas donde viven con muchas otras personas. Entonces, al no ser el contexto ideal para hacerlo, nos toca acompañarlas aquí”.
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No todos los mexicanos celebran el posicionamiento de la Corte y quienes rechazan el aborto también han tomado acciones.
Tras la resolución, el actor Eduardo Verástegui se registró como aspirante presidencial para los comicios de 2024 y su campaña repite “sí a la vida, no al aborto”. Sin mencionarlo por nombre, el cardenal Carlos Aguiar Retes llamó a votar por él y cuenta con el respaldo de ciudadanos católicos y otros grupos que han presentado firmas ante congresos locales rechazando la despenalización.
“Lo que está haciendo la Corte es activismo judicial”, dice Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. “Utilizar las instancias judiciales para decir ideología”.
En reacción a la resolución, organizaciones afines al Frente encabezaron una protesta en días recientes. “Estamos marchando a favor de la mujer y de la vida porque es una relación consustancial”, agrega.
A todo movimiento progresista sigue un revés de grupos que se organizan en contra, dice Sofia Aguiar, abogada en GIRE, organización que presentó el amparo y motivó la respuesta de la Corte. “Lo vimos en Estados Unidos (con el retroceso de Roe vs Wade) y en movimientos progresistas en Europa y América Latina”.
Por eso GIRE y otras organizaciones se dicen listas para defender lo ganado y ampliar su alcance en salud reproductiva. No sólo pelear por el aborto, sino para combatir la violencia obstétrica, la muerte materna y la anticoncepción forzada.
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Mientras las leyes avanzan, Crystal y otras activistas de Tijuana se han aliado para promover una idea: “conoce tu cuerpo y decide qué quieres para él”.
Con ello esperan difundir qué opciones hay para quienes pueden abortar en entornos legales –clínicas privadas, hospitales públicos, espacios de acompañamiento o el hogar propio— y los alcances de la autonomía: decidir quién te va a acompañar, cuánto quieres invertir y quién lo va a saber.
“Ni las mismas acompañantes nos tendríamos que enterar”, dice Crystal. “Hemos recibido mensajes de mujeres que nos dicen ‘lo hice con su información, muchas gracias, sigan así’”.
La próxima apuesta de Bloodys es migrar sus estrategias a Estados Unidos en complicidad con una compañera que se mudó a San Diego. El plan incluye replicar protestas, facilitar el medicamento –que allá requiere receta– y comunicar que abortar en casa es posible y seguro.
Otro plan a corto plazo es apoyar a la mujer desde diversas posiciones. En colaboración con el Frente Nacional contra Deudores Alimentarios de Baja California acompañan a madres que reclaman manutención a padres que no se responsabilizan de sus hijos y con Espacio Mujer Lunar ofrecerán talleres sobre salud menstrual en albergues para migrantes.
“Hablar de aborto es importante, pero una forma de que las mujeres se apropien de sus decisiones, su vida y sus cuerpos es apropiarse de esos otros procesos”, dice Crystal.
Su aliada será Mónica Rosas, fundadora del colectivo que difunde cómo el ciclo menstrual es un signo vital de salud y reconocimiento de fertilidad. “Creamos un espacio de acompañamiento sobre el autoconocimiento en tribu”, cuenta Mónica.
Su primer acercamiento a migrantes —con las que abordó cómo la violencia, el estrés, la alimentación y la falta de descanso afectan el cuerpo– ocurrió a finales de septiembre por invitación de ACNUR. El segundo será a mediados de octubre en compañía de Bloodys y, por paradójico que parezca, se realizará en un albergue con afiliación religiosa que atiende a unas 1.700 personas.
El programa incluye la alfabetización corporal –-nombrar la anatomía del cuerpo libre de tabúes–, describir las fases del ciclo menstrual, una danza y cantos que aborden otras perspectivas sobre el ser mujer.
“Nos encantaría que estas mujeres que están de paso, esperando una oportunidad para cruzar, ser llevaran esta información”, dice Crystal. “Que nuestras cuerpas (sí, en femenino) son poderosas y si las conocemos nos pueden ayudar a llegar a nuestra propia identidad, a darnos nuestro propio valor”.
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AP Foto: Karen Castañeda
La cobertura de noticias religiosas de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.
Hay tres cosas que uno debe saber sobre la Casa Verde.
La primera es que no es verde. Los tonos esmeralda, jade y musgo no están en los muros de su fachada, sino en los pañuelos y convicciones de las mujeres que trabajan en ella.
La segunda es que está en Chihuahua, un estado del norte de México que bordea con Estados Unidos y tiene un gobierno conservador que deja poco margen de maniobra para las activistas que defienden los derechos sexuales y reproductivos.
La tercera es que es un emblema. Como otro puñado de espacios similares, representa el modelo de acompañamiento de aborto en México, es decir, una red integrada por miles de personas que crean entornos seguros y afectuosos para que cualquier mujer decida sobre su maternidad.
El cobijo que brindan grupos como Marea Verde Chihuahua, cuyo centro de operaciones es esta casa recién inaugurada, ha trascendido fronteras y hoy permite que mexicanas y estadounidenses reciban asesoría virtual para abortar en casa de manera segura con medicamento.
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Miles de activistas en México y Estados Unidos comparten un desafío: facilitar el aborto a pesar de que gran parte de su territorio lo restringe o prohíbe.
México lo penaliza en 21 de sus 32 estados. En las 11 entidades donde es legal hay clínicas privadas, pero el Estado tendría que garantizarlo de manera gratuita y eso no siempre ocurre. Según han denunciado decenas de activistas, hay personal de salud que niega o retrasa el procedimiento, hospitales que carecen de insumos, farmacias que evitan vender pastillas y presión de la Iglesia en este país mayoritariamente católico.
En este contexto surgieron las “acompañantes”, voluntarias que brindan asesoría virtual o presencial para evitar el desconsuelo de abortar en soledad. Aunque no son médicas ni trabajan en hospitales, se capacitan constantemente bajo los lineamientos federales y protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para guiar abortos con fármacos.
“Somos mujeres comunes y corrientes que estamos en esta labor por la justicia reproductiva”, dice Marcela Castro, integrante de Marea Verde Chihuahua. “Buscamos las reivindicaciones que el Estado nos ha negado desde el prohibicionismo”.
Por eso la Casa Verde no es verde: no es un disfraz, sino la representación de cómo las acompañantes han aprendido a moverse entre dos mundos –el visible y el invisible— y tras décadas de trabajo colectivo se han organizado para ayudar a quien lo necesite, incluso si vive en estados que penalizan abortar.
No hay un registro de cuántas “colectivas” —como las acompañantes llaman a sus agrupaciones— hay en México, pero la red abarca todo el territorio. Por eso desde 2019, años antes de que la revocación del fallo de Roe vs Wade eliminara la protección federal para abortar en Estados Unidos, activistas de ese país empezaron a consultar a sus colegas del sur.
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El aborto autogestionado es aquel que permite que una persona interrumpa su embarazo con pastillas sin supervisión médica. Las activistas mexicanas le han hablado sobre él a sus pares estadounidenses porque libra a la mujer de ser estigmatizada en una clínica, le resta visibilidad en territorios que lo castigan y, en el caso de México, de pagar, pues las acompañantes no cobran por su apoyo ni por el medicamento.
Marcela explica que en Marea Verde funciona así: tras recibir una solicitud, una acompañante entra en contacto con la interesada vía WhatsApp. Entre otros detalles le pregunta su última fecha de menstruación –para determinar la edad gestacional– y cómo confirmó el embarazo.
Si la acompañante no detecta señales de alarma que ameriten consultar a un médico o acudir a una clínica, sugiere un aborto con medicamento, lo que implica ingerir dosis específicas de misoprostol y mifepristona, fármacos avalados por la OMS. Aunque en Estados Unidos ambos requieren receta, en México el primero es de venta libre y el segundo es controlado, pero puede obtenerse a través de las colectivas.
Las mujeres de Chihuahua pueden recoger las pastillas en la Casa Verde. Quienes viven fuera las reciben por correo y las acompañantes las apoyan hasta que el aborto se realiza correctamente. En caso de imprevistos o emergencias, acuden a personal médico aliado de la red o sugieren a la mujer acudir a un hospital y están pendientes de su recuperación y situación legal.
Detrás de este proceso hay miles de mexicanas que llevan años ingeniándoselas para hacerlo funcionar. Todas aportan cuanto pueden: dinero para armar bancos de medicamentos, contactos con doctores que atiendan urgencias, asesoría legal y psicológica o valentía para desplazar pastillas dentro y fuera del país.
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Marcela y su colega Salma Silva ofrecen un recorrido por los cuartos sin amueblar de su Casa Verde, que recientemente lograron financiar gracias a otra organización.
Ahí donde no hay muebles, hay planes. Cada habitación explica el trabajo que realizan desde 2018, cuando se agruparon de manera autónoma como otro centenar de colectivas mexicanas: sin sueldo, sin oficinas y compaginando sus profesiones y vidas privadas con la defensa del derecho a decidir.
Salma explica que, con ayuda de donaciones y recursos propios, la Casa Verde cobrará forma poco a poco. Tendrá un cuarto con una cama para quienes necesiten un espacio para interrumpir su embarazo. Otro será un taller de serigrafía para confeccionar productos que difundan su trabajo y les permitan reunir dinero. Uno más se convertirá en el consultorio de una psicóloga, pues el acompañamiento no acaba con la entrega de medicamentos, sino cuando las acompañadas están listas para soltar su mano.
Desde aquí esperan ampliar su apoyo a mexicanas y estadounidenses, a quienes ya asesoraban desde otros espacios, pues para guiar un aborto seguro en casa el acompañamiento es virtual.
Mediante mensajes o llamadas, mexicanas de Chihuahua y otros estados fronterizos como Tamaulipas, Nuevo León y Sonora brindan asesoría en Estados Unidos. Según Marcela y otras acompañantes, a muchas de esas solicitantes les sorprende que se puede abortar a pesar de las restricciones legales y sin tener que pagar por tratarse en una clínica.
Para algunos grupos que defienden la vida desde la concepción en México, la falta de supervisión médica es preocupante y consideran que también se puede acompañar a las mujeres para que eviten abortar.
“Creemos que el aborto jamás va a ser una solución”, dice Jahel Torres, integrante de la organización Pasos por la vida. “Como sociedad podemos ofrecer a una mujer que esté en una situación vulnerable mejores respuestas, porque el aborto la va a convertir en una víctima más de ese proceso que sólo la va a lastimar, porque terminar con la vida de tu propio hijo siempre va a tener una secuela”.
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En la red de aborto en México cada pieza ha sido clave y varias voces coindicen en que su origen tiene un nombre: Verónica Cruz.
Vero, como la llaman muchas acompañantes, fundó Las Libres hace 20 años y trabaja desde Guanajuato, un estado conservador del centro de México.
Su colectiva no sólo es un referente nacional por la logística que le permite facilitar medicamentos y su liderazgo en la formación de acompañantes, sino por encabezar parte de la Red Transfronteriza, que agrupa a quienes asesoran abortos virtuales en Estados Unidos.
“En enero de 2022, cuando empezamos a acompañar desde Las Libres, en promedio teníamos diez casos diarios y esa demanda fue creciendo. Cuando cayó Roe en junio tuvimos hasta 100 diarios”, asegura.
El número alcanzó 300 solicitudes estadounidenses al día, una carga gigantesca para su equipo de diez personas. Entonces Vero empezó a tejer nuevas redes de aborto, esta vez en territorio extranjero.
“En un año hemos formado más de 20. Somos unas 200 personas ayudando sólo a Estados Unidos”.
Las Libres operan bajo cuatro escenarios. Uno: mujeres que cruzan la frontera y, tras comprar las pastillas en México, preguntan cómo usarlas. Dos: personas que planean cruzar para comprar los fármacos pero solicitan información antes de hacerlo y reciben acompañamiento durante el proceso. Tres: solicitantes que cruzan a espacios seguros llamados aborterías –como la Casa Verde— para interrumpir su embarazo ahí.
El cuarto es el más común: se envía el medicamento y el acompañamiento se brinda virtualmente desde México.
Vero cuenta que el aborto también se estigmatiza en Estados Unidos porque allá lo usual es pagar por tratarse en hospitales y quedar en manos de médicos. “La mayoría piensa que no son seguras las pastillas, entonces cambiar eso tan rápido ha sido un reto”.
Además está el temor de retar la ley. “En México somos mucho más desafiantes de los sistemas legales que nos oprimen”, dice. “Allá había muchísimo miedo a lo legal y en un año las cosas han cambiado. Muchísima gente está dispuesta a apoyar porque la ley no siempre tiene la razón”.
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Dimensionar el alcance de las redes de acompañamiento mexicanas es complejo.
Ninde Molina, abogada en Abortistas MX, organización especializada en estrategias litigio sobre aborto, pone un ejemplo: cualquiera podría interrumpir su embarazo con misoprostol siguiendo las directrices de la OMS, pero ante un imprevisto que la obligara a ir a un hospital, ¿quién podría ayudarla si el personal de salud amenazara con denunciarla ante el Ministerio Público?
Abortar bajo el ala de la red implica un monitoreo colectivo para que toda mujer criminalizada por abortar reciba respaldo legal de grupos con alcance nacional como AbortistasMX o Gire. “El tema del acompañamiento es ése: yo no te voy a soltar la mano hasta que estés bien”, dice Ninde.
Agrega que la necesidad de articular esta solidaridad surgió porque –a diferencia de las mujeres estadounidenses, que pudieron abortar en clínicas desde que Roe garantizó el acceso en 1973– las latinoamericanas tuvieron que abrir sus propios caminos ante los contextos conservadores y las precariedades del sistema de salud.
Por eso cada red ha perfeccionado mecanismos propios. Aborto Seguro Chihuahua no envía medicamentos por correo como Marea Verde o Las libres pero tiene otra logística para acompañar en México y Estados Unidos.
Laura Dorado, una de sus integrantes y quien también forma parte de la Red Transfronteriza, explica que en su colectiva hay voluntarias que viajan entre Ciudad Juárez y El Paso para trasladar pastillas.
Como la mifepristona es un fármaco controlado, suelen recibirlo a través de Las Libres. Consiguen el misoprostol por su cuenta y arman los combos que cruzarán hasta Texas, desde donde se redistribuirán vía paquetería o entrega personal.
Aborto Seguro Chihuahua recibe solicitudes de Texas, Arizona y Colorado. Las Libres y Marea Verde coinciden y mencionan otros estados como Florida, Mississippi, Oklahoma, Georgia, California, Nueva Jersey y Nueva York.
En algunos de éstos el aborto es legal, pero las acompañantes consideran que algunas mujeres las buscan porque son de origen hispano, por lo que la estigmatización pesa en las clínicas y realizar desembolsos de hasta 600 dólares para pagar por el servicio no es una opción.
Laura, que trabaja con unas 20 acompañantes que atienden hasta 120 abortos mensuales, dice que además asesoran a quienes cruzan desde ciudades como McAllen para comprar pastillas. “Tenemos identificadas farmacias en las que no batallan para que se las vendan”. También sugieren hospedarse en hoteles y pedir el medicamento a domicilio para mantener bajo perfil.
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Hay una infinidad de razones por las cuales alguien decide abortar. Marea Verde Chihuahua ha apoyado a víctimas de violencia, mamás que no tienen recursos para mantener más hijos o personas que no desean maternar.
Hace tiempo, una de sus acompañantes fue contactada por una mujer latina que vive en Estados Unidos y era violentada por su pareja, por lo que eligió interrumpir el embarazo sin que él se enterara. La acompañante acudió a la red para buscar cómo enviar el medicamento. Una colectiva de otro estado lo proporcionó, una voluntaria cruzó la frontera con él y lo reenvió por mensajería.
Días después del aborto, la mujer tuvo sangrados anormales y la acompañante le aconsejó ir a una clínica. Donde vive, el procedimiento es legal, pero la mujer lo descartó de inicio para evadir el estigma y un costo elevado. Respaldada por la acompañante, acudió y pagó 1.500 dólares por tratarse. Al poco tiempo, su caso salió a la conversación durante una puesta en común de colectivas y la red volvió a activarse: una acompañante llamó a otra, y a otra, y entre todas reunieron los 1.500 dólares para enviarlos a la misma mujer.
Marcela Castro sonríe y no duda ni un segundo: “El modelo de acompañamiento es lo que nos hace ser únicas”. La red no sólo informa o medica, acompaña. Y, en esa compañía que brinda, despierta algo más profundo: “La epítome de la resistencia, de la conquista de los derechos, de imponernos sobre lo que se nos ha negado”.
Agrega que la Historia pasó años enseñando a las mujeres que recibir atención médica de calidad implicaba pagar y quedar en manos de médicos, pero ahora asumir el control del cuerpo es un símbolo de resistencia y este mensaje ya rebasa fronteras.
Bajo este enfoque, explica, es posible transformar paradigmas. Accionar sobre el útero propio aporta un cambio en lo individual y en lo colectivo y eso es revolucionario.
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AP Foto: Adriana Esquivel
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