Dominicanas luchan contra embarazo adolescente y matrimonio infantil en un país que prohíbe abortar

Originalmente publicado en The Associated Press, enero de 2024 (link aquí)

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AZUA, República Dominicana (AP) – Es sábado por la mañana y Marcia González debería estar en la iglesia, pero dejó a su marido a cargo de sus compromisos eclesiales. Libro en mano y voz de Caribe, ríe con las adolescentes que instruye en un colegio al sur de República Dominicana. 

“Órganos sexuales internos de la mujer”, dicen las letras de colores sobre un póster pegado al pizarrón.

Que su esposo sea diácono y ella coordine las actividades del templo no le impide nombrar las partes del cuerpo femenino libre de prejuicios y tabúes. “Él siempre ha tenido una mente muy abierta y dice que la educación sexual hay que traerla a las escuelas”.

La isla caribeña es una de las cuatro naciones que aún penaliza el aborto sin excepciones en América Latina, pero la imposibilidad de interrumpir de un embarazo es sólo un eslabón de la cadena que vulnera los derechos de la mujer.

Aquí, denuncian activistas, la pobreza lleva a algunas madres a casar a sus hijas de 14 o 15 años con hombres de 50 o 60. El estigma dificulta que los jóvenes accedan a métodos anticonceptivos y a información sobre su uso. La tolerancia al incesto silencia el abuso sexual.

De cada 1.000 jóvenes de entre 15 y 19 años, 42 fueron madres en 2023, dice el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y hasta 2019, cuando UNICEF publicó su último informe sobre el matrimonio infantil en el país, más de un tercio de las dominicanas establecieron uniones antes de cumplir 18.

La ley prohíbe los matrimonios de menores desde 2021, pero activistas y líderes comunitarias aseguran que las uniones continúan porque se han normalizado o se desconoce la legislación.

“En el curso de Melanie, que es mi nieta de 14 años, dos amiguitas menores que ella ya están casadas”, dice Marcia. “Muchas madres le damos la responsabilidad de nuestros hijos a las hijas más grandes, entonces, en vez de cuidar muchachitos, mejor te vas con el marido”.

Para evitar que más niñas padezcan lo mismo, Marcia y otras dominicanas arman a las nuevas generaciones con educación. A través de agrupaciones locales o internacionales, forman “clubes de adolescentes” que abordan temas como educación financiera, autoestima y derechos reproductivos.

Así enseñan, por ejemplo, que organizar cajas de ahorro puede potenciar sus proyectos de vida y que conocer mejor sus cuerpos genera autocuidado. 

“Hay mitos que te dicen cuando uno tiene el periodo”, cuenta Gabriela Díaz, de 16 años, durante una visita reciente que el Women’s Equality Center organizó en su escuela. “Que estamos sucias o que tenemos la sangre sucia; pero eso es falso, porque estamos ayudando a nuestro cuerpo a limpiarse y a tener un mejor funcionamiento”.

Para ella y otras jóvenes, Marcia es lo que Plan International denomina “madrina”, una lideresa comunitaria que imparte los programas de esta organización que promueve los derechos de la niñez en comunidades vulnerables.

Según sus monitoreos, San Cristóbal y Azua, donde vive Marcia, son las ciudades dominicanas con mayores índices de embarazo adolescente y matrimonio infantil.

Para contrarrestarlo, sus programas gratuitos acogen a chicas de entre 13 y 17 años. Cada club se reúne un par de horas por semana, tiene hasta 25 participantes y cuenta con dos madrinas.

El modelo se replica en otras regiones como San Cristóbal, también al sur, donde la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca) lleva casi 40 años defendiendo los derechos de las dominicanas.

“Decimos que Conamuca nació con la lucha de la tenencia de la tierra, pero las coyunturas han ido cambiando y hemos integrado temáticas como soberanía alimentaria, reforma agraria y derechos sexuales y reproductivos”, explica Lidia Ferrer, una de sus líderes.

Sus clubes alcanzan a unas 1.600 niñas y adolescentes en 60 comunidades y su incidencia política y social aglutina a unas 10.000 mujeres en 15 federaciones.

Los módulos que abordan con las chicas cambian según las necesidades de cada región, pero entre los recurrentes destacan embarazo adolescente, uniones tempranas, feminicidio y sexualidad.

“Nosotras partimos de la realidad porque la vivimos, la padecemos y la sufrimos”, dice Kathy Cabrera, quien ingresó a los clubes de Conamuca a los nueve años y ahora, a sus 29, acompaña a las nuevas generaciones.

Según explica, la migración es cada vez más notoria en las zonas rurales, donde las mujeres caminan kilómetros para estudiar o conseguir algo tan básico como un galón de agua, y los servicios de salud no garantizan los derechos sexuales y reproductivos. “Tenemos un Estado que te dice no abortes, pero tampoco te brinda los métodos anticonceptivos necesarios para evitar el aborto”.

En las comunidades, asegura, hay niñas de 13 años viviendo con hombres sesenta y tantos y cuando se convierten en madres nadie cuestiona sus embarazos.

“Se ve como que el embarazo adolescente es de la adolescente, pero no se ve quién embarazó a esa niña y por qué ese hombre está libre”, asegura. “No se ve como una violación, sino como algo normal porque si mi abuela se embarazó y se unió a temprana edad y mi bisabuela también y mi mamá también, la norma dice que yo también”.

En otras ocasiones, refieren Kathy y otras activistas, hay padres que “entregan” a sus hijas a sus parejas porque no pueden mantenerlas o descubren que no son vírgenes.

“Mi hermana salió embarazada a los 16 y fue algo muy perturbante”, dice Laura Pérez, de 14 años e integrante de uno de los clubes de Conamuca. “Se unió a una persona mucho mayor que ella y ya tienen un bebé de un año. Yo digo que no fue lo mejor”.

Las dinámicas de los clubes cambian constantemente para que las adolescentes compartan sus experiencias en un ambiente seguro y amoroso. A veces inician con sesiones de relajación y otros días organizan juegos, como sopas de letras con palabras como “feminismo” y “sexo” o verdadero y falso. Por ejemplo, ¿es cierto que la educación sexual integral puede proporcionarte mejores habilidades para la vida?

Las huellas de los avances son semillas que germinan. Si un padre le dice a su hija que no corte limones cuando está menstruando, ella responde que eso no tiene sentido. Si un grupo de niñas va una fiesta y los baños no tienen pestillo, se acompañan para protegerse. Si una adolescente acude a una clínica de salud para pedir un implante anticonceptivo subdérmico y la enfermera amenaza con acusarla con su madre, sabe que cuenta con su madrina.

“Ellas me llaman para confiar cualquier cosa”, dice Marcia. “A mí me emociona que, de mi grupo de Plan, ninguna ha salido embarazada”.

Cada día es más común que en los salones de Plan y Conamuca retumben las voces de jóvenes que planean su futuro. Francesca Montero tiene 16 años y quiere ser pediatra. Perla Infante, de 15, psicóloga. Lomelí Arias, de 18, enfermera.

“¡Yo quiero ser militar!”, grita Laura Pérez, la chica de 14 que dice cuidarse para no seguir los pasos de su hermana.

“Estaba indecisa pero cuando entré a Conamuca dije ‘quiero ser militar’. Aquí vemos a todas estas mujeres que te dan fuerza, que son como tú, pero como una guía, como cuando un niño ve a alguien mayor y dice: ‘De grande quiero ser así’”. 

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La cobertura de noticias religiosas de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.

¿De qué hablamos cuando hablamos de aborto? Así se ve la penalización total en República Dominicana

Originalmente publicado en The Associated Press, enero de 2024 (link aquí)

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SANTO DOMINGO (AP) – República Dominicana es uno de los cuatro países latinoamericanos que aún prohíbe el aborto sin excepción. 

Mientras los sectores conservadores y religiosos cierran filas para evitar la despenalización, activistas en favor de tres causales que permitan interrumpir embarazos en circunstancias extremas tampoco se rinden. Según explican, las leyes que criminalizan el aborto no sólo restringen el derecho a decidir, sino también vulneran las vidas de las dominicanas.

Aquí un panorama que sintetiza las aristas legales, religiosas y sociales en torno a la prohibición total del aborto en el país caribeño.

¿QUÉ DICE LA LEY?

El aborto se penaliza sin excepción y, según el Código Penal, cualquier persona que aborte enfrenta hasta dos años de cárcel. Para médicos, parteras o enfermeras, la pena va de cinco a 20 años de prisión.

¿QUÉ PAPEL JUEGA LA RELIGIÓN?

No hay otro país con una Biblia en su bandera.

El lema del Estado dominicano es “Dios, Patria, Libertad” y desde 1954 el gobierno tiene un concordato con el Vaticano, lo que implica que la religión oficial es el catolicismo, aunque la Constitución permita la libertad de culto.

Las escuelas imparten educación sexual, pero el espectro religioso incide. El programa “Aprendiendo a querer”, implementado por el Ministerio de Educación, nació de un acuerdo con la jerarquía eclesiástica para reforzar valores en las aulas.

La afiliación religiosa también pesa en el Legislativo. “Nosotros hemos orado por los congresistas y algunos congresistas se unen a nosotros en oración”, dice Martharís Rivas, directora de campaña de la organización 40 Días por la Vida, que realiza diversas acciones para poner fin al aborto en el mundo.

“Hemos ganado una mayoría provida en el Congreso y cada vez que intentan hacer cualquier cosa, nos damos cuenta”, añade. “Siempre hemos aportado a los debates que se han hecho internamente y los obispos se han acercado a los congresistas para conversar”.

¿ENTONCES, ABORTAR ES IMPOSIBLE?

No. En el campo se usan conocimientos ancestrales para interrumpir embarazos con brebajes y en las ciudades hay personal médico que se las ingenia para facilitar abortos con medicamentos como misoprostol.

“Legalmente no existe, pero si a mí me llaman, yo sé cómo encauzar esa situación”, dice una persona que trabaja en una clínica y pidió no revelar su identidad para no poner en riesgo su seguridad. “Lo que hacemos es hacerle indicaciones, porque eso (el misoprostol) se utiliza para úlceras, entonces tú indicas un complejo B, un antiácido y te lo venden”.

Además, hay redes de acompañantes como en México, dice la reconocida activista Sergia Galván.

“En 1995, teníamos tres centros de interrupción voluntaria del embarazo de manera clandestina, pero llegó un momento en que el riesgo fue muy alto”, recuerda. “Históricamente hemos tenido mecanismos pero no son suficientes, porque se dan en medio de procesos muy restringidos”.

¿QUÉ PASA CUANDO UNA MUJER SUFRE UN ABORTO ESPONTÁNEO?

La situación en los hospitales públicos es sumamente delicada, cuenta la enfermera Francisca Peguero, del Colegio Médico Dominicano. “Vemos inclusive muertes de adolescentes en las emergencias porque el médico se encuentra con una disyuntiva: si le presta atención, puede ser penalizado”.

Para las mujeres adultas, el panorama es aún más crítico. En los hospitales públicos, añade Peguero, hay policías que al ver a una paciente sangrando pueden denunciarla. “Tenemos mucha experiencia con mujeres que se han llevado presas, muchachas que se les saca el producto y, cuando salen de la sala de parto, ahí están esperándolas”.

Las pacientes suelen ser campesinas o mujeres de pocos recursos que buscan todo a su alcance para interrumpir su embarazo. “Recuerdo una adolescente que llegó con un pedazo de plátano en el útero”, dice Peguero. “Se introducen cosas porque está penalizado legalmente y por los padres”.

Narra que una vez atendió a una joven de 15 años que llegó desmayada y cubierta en sangre. Tras internarla, un policía subió a buscarla porque su propia madre la denunció. Aunque el embarazo fue producto de la violación de un tío, la mujer insistía en que su hija debía parir.

¿QUÉ OTROS ALCANCES TIENE LA PENALIZACIÓN?

Diversas organizaciones refieren que médicos y hospitales titubean al tratar a mujeres embarazadas si el remedio arriesga al feto o, en caso de que haya un aborto en curso, evitan internarlas para que no se registre el caso en su hospital. 

“Después de Dios, están los médicos”, pensó Rosa Hernández cuando confió la salud de su hija Rosaura al personal de una clínica en Santo Domingo.

Aunque no ignoraba que el aborto se penaliza en su país, sí desconocía que Rosaura estaba embarazada y eso le jugaría en contra. Según explica, la joven de 16 años tenía leucemia y los médicos retrasaron su tratamiento para no afectar al feto que no rebasaba el mes de gestación. A las pocas semanas, en agosto de 2012, murió. 

“A mi hija me la destruyeron”, dijo durante un encuentro reciente que organizó el Women’s Equality Center. “Llegaron a ponerle el tratamiento cuando ya no tenía vida. Un mes de embarazo fue más importante que sus 16 años”.

¿QUÉ EXIGEN LAS ACTIVISTAS EN FAVOR DEL ABORTO?

Lo primero sería despenalizar el aborto bajo tres causales: cuando esté en riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo sea producto de violación o incesto y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.

Según Sergia Galván, la despenalización no sólo es necesaria porque la ley actual niega derechos sexuales y reproductivos, sino porque las dominicanas enfrentan problemáticas que van más allá de las decisiones sobre sus cuerpos.

Alrededor de un 30% de las adolescentes carece de acceso a métodos anticonceptivos, no existe la educación sexual integral laica, siete de cada 10 mujeres sufre violencia de género —como incesto, matrimonio infantil y explotación sexual— y los niveles de pobreza incrementan los riesgos de enfrentar un embarazo no deseado, afirma la activista.

“Todas esas situaciones son un riesgo que una mujer no busca”, dice. “Nuestro marco constitucional debería proteger en estos casos que no son aborto por elección, sino circunstancias extremas, para preservar la vida, dignidad e integridad de una mujer”.

¿EL ESCENARIO PODRÍA CAMBIAR?

A corto plazo parece improbable. Aunque el presidente dominicano, Luis Abinader, se comprometió con las tres causales como candidato, su gobierno no ha dado el paso y todo indica que se reelegirá en 2024.

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AP Foto: Ricardo Hernández

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